La Fiscalía de Valladolid ha decidido recurrir la decisión del juez de vigilancia penitenciaria que autorizó al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, a hacer un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple una condena de cinco años y 10 meses por el caso Nóos. La impugnación se conoció ayer, el mismo día que el juzgado aclaró que tiene «terminantemente» prohibido cualquier comunicación, mientras esté en el centro Don Orione. Es una institución sin ánimo de lucro de apoyo a personas con discapacidad.
La fiscalía argumenta que Urdangarin no cumplirá la cuarta parte de su condena hasta dentro de un par de meses, el 28 de noviembre y, aunque este no sea un requisito imprescindible para el permiso que se le ha concedido, debe tenerse en cuenta porque supondrá un «escenario más flexible» que le permitirá disfrutar de otros beneficios penitenciarios, como los de salida ordinarios.
AISLAMIENTO / Explica que fue el exduque de Palma quien eligió «voluntariamente» su «aislamiento» al decidir cumplir condena en Brieva, donde es el único varón. Insiste en que, además, recibe visitas «habitualmente»; practica ejercicio con sus propios aparatos, porque los del centro «no se ajustaban a sus necesidades físicas»; ha realizado tres talleres «con un aprovechamiento excelente» y se ha matriculado en «distintos cursos externos».
El juez de vigilancia recuerda que el marido de la infanta está clasificado en segundo grado y sus comunicaciones y visitas deben ceñirse al reglamento penitenciario.
Realizará las comidas en el centro y solo saldrá para acompañar a las personas a su cargo por las inmediaciones. El director del Hogar Don Orione, Francisco Sánchez, había dicho que Urdangarin podría salir cuando quisiera, usar el teléfono y recibir visitas.
Sus palabras preocuparon en Interior y entre funcionarios de cárceles, que no suelen ver condiciones tan laxas de cumplimiento de penas. Fuentes penitenciarias matizan a este diario que el centro tendrá que informar del trabajo del exduque, y que un incumplimiento del reglamento penitenciario «pondría en peligro la autorización judicial».
