Las relaciones entre los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición gubernamental, se han tensionado estos días por la figura del expresidente Felipe González. Los morados nunca han ocultado su distancia respecto a quien fuera líder socialista durante décadas, como él tampoco ha disimulado su rechazo a los postulados de Podemos. Ahora González vuelve a ser objeto de debate parlamentario: hoy se vota en la Mesa del Congreso si se aprueba o no una comisión de investigación para determinar la relación entre el expresidente y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La piden PNV, ERC, Jxcat, Bildu, Cup y BNG y, a última hora, se ha sumado Unidas Podemos.
El Grupo socialista, y también el popular, se oponen a la investigación acerca del expresidente del Gobierno, por lo que las posibilidades de que esa comisión salga adelante son prácticamente nulas, más allá del ruido que genere la simple demanda de la investigación (los letrados de las Cortes dicen que técnicamente sería posible) y los roces que, inevitablemente, provoque entre socios de coalición.
La solicitud de esa comisión por parte de buena parte de la oposición responde a la difusión de un informe de la CIA, redactado en 1984, en el que se apuntaba a que González había «acordado» la creación de un «grupo de mercenarios» que tenían como objetivos a miembros de ETA, en referencia a los GAL. El documento fue desclasificado en el 2011 y publicado hace unos días en La Razón.
LUCHA CONTRA ETA / «González ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlados por el Ejercito, para combatir a los terroristas fuera de la ley», sostiene un informe de la CIA fechado en enero de 1984, accesible actualmente en la biblioteca pública de la Inteligencia estadounidense, en el que se ha censurado la fuente de dicha afirmación. Mientras que en la mayoría de documentos redactados en aquellos tiempos se hace alusión a rumores y percepciones de la sociedad, o se utilizan recortes de periódicos, en este dossier la sentencia sobre González está precedida por una información que ha sido suprimida.
En otros informes de esos mismos años no se vuelve a realizar una acusación tan tajante. En julio de 1985 hablan de «los persistentes rumores y alegaciones de que elementos locales o nacionales del Gobierno de España están involucrados» en los GAL y en un informe del verano de 1984 recurren a «las especulaciones públicas más extendidas» para mencionar la posible relación entre este grupo y los poderes públicos.
Entre los informes que se enviaron al Pentágono en la década de los 80, la Agencia estadounidense elaboró en mayo de 1983 un análisis sobre la puesta en marcha del estado autonómico en el que analizaban las luces y sombras de un proceso que, ya apuntaban, marcaría el futuro de España.
En el documento criticaban la gestión de Adolfo Suárez que, según sostenían, quería «sacar provecho de un tema popular» y aplauden a González por reorganizar el proceso autonómico dialogando con los partidos regionalistas.
Poco más de un mes después de que Felipe González arrasara en las elecciones generales de 1982, la Agencia Central de Inteligencia americana ya había elaborado un informe sobre todos los miembros de su Gobierno. La CIA, que se deshace en alabanzas hacia el expresidente del Gobierno, dice de Alfonso Guerra que es uno de los hombre fuertes del PSOE, pero que podría provocar «roces» con algunos miembros del Gabinete. Sobre el responsable de la cartera de Exteriores, Fernando Morán, se advierte que será un «interlocutor espinoso» y sobre el ministro de Sanidad, Ernest Lluch ya preveían que iba a «trabajar duro para mejorar la calidad y la disponibilidad» de la sanidad.
LA «EPIDEMIA» DE DROGAS / «El nivel de abuso de drogas, tráfico y crímenes relacionados recientemente han alcanzado proporciones alarmantes». Así comienza un informe elaborado por la CIA en septiembre del año 1986 en el que se acusa al Gobierno de González de haber sido más «laxos» con la persecución de las drogas y de no haber admitido el problema desde un principio. Además, señalan que en 1985 el Ejecutivo comenzó a tomar medidas pero que aún no se podían ver los efectos.
