El nuevo curso judicial ha empezado repartiendo juego con los numerosos procedimientos en los que está inmerso el PP que ahora lidera Pablo Casado. Y el balance, si esto fuera un partido de fútbol, habría sido de empate a 1. El primer día hábil de septiembre terminó con el mito de la inmunidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tras ser considerada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la ideóloga de la financiación irregular del partido en Madrid. Y dos días después, la formación fue absuelta del delito de daños informáticos por el que se sentó en el banquillo por destruir los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova.

‘GÜRTEL’ Y LA CAJA B

3Pese a que se trata de un buen ejemplo de que las imputaciones no siempre acaban en condena, porque si no, se podrían ahorrar los juicios, la sentencia absolutoria no establece la honradez del PP que este intentó vender a través de sus portavoces. Solo significa que no se han hallado pruebas suficientes para tener la certeza de que en los aparatos destruidos estuviera su contabilidad b, ni que al hacerla desaparecer se quisiera torpedear la investigación.

La absolución no significa que se niegue la financiación en b que se le atribuye en distintos procedimientos: el caso Púnica, el caso Lezo y varias piezas del caso Gürtel. Esa contabilidad en negro será juzgada el próximo año en la Audiencia Nacional, cuya Sección Segunda de lo Penal revisará si las obras de la sede madrileña del partido se pagaron en negro, según acreditaban las notas manuscritas que durante años hizo Bárcenas. Y no será el único juicio de la Gürtel en el 2020, porque en marzo se celebrará el de la visita del Papa a Valencia.

La parte de la financiación ilegal del partido a través de donaciones de empresarios presuntamente beneficiados por adjudicaciones de obra pública de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se sigue investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 5. El juez José de la Mata reabrió la investigación a partir de las palabras del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la primera época de la trama, cuya sentencia significó el fin del Gobierno de Mariano Rajoy.

‘PÚNICA’ y ‘LEZO’

3Pero para desgracia del PP, las causas penales abiertas en relación con su caja b no se agotan ahí. Los jueces de la Audiencia Nacional se repartieron los indicios en función del ámbito: el nacional se lo quedó De la Mata y el madrileño García-Castellón, con los casos Púnica y Lezo. En estas dos causas es fácil perderse porque afectan a ámbitos muy diversos que giran en torno a sus dos actores principales: el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, en Púnica, y el expresidente autonómico Ignacio González, en Lezo.

Como muestra, la Púnica, dividida en 11 piezas por distintos actos de corrupción. Entre ellos figuran el cobro de comisiones por la adjudicación de terrenos y licencias para construir colegios concertados en Madrid, las recibidas de la empresa Cofely por los certificados de eficiencia energética que debían hacer los ayuntamientos, o los trabajos reputacionales encargados al conseguidor Alejandro de Pedro, que llegaron a extenderse hasta Murcia y la Diputación de León.

Aun así, lo descrito en esas piezas, pese a su gravedad, queda eclipsado por la número 9, que cuenta con 72 imputados, entre ellos, las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. En ella se describen los «diversos artificios» que, según el juez, «ideó» la primera para financiar al PP madrileño. Y lo hizo nada más llegar al Gobierno autonómico gracias al tamayazo, con el que se lo arrebató en el último momento al socialista Rafael Simancas por la traición de dos de diputados del PSOE. La versión de la propia Aguirre no se escuchará en la Audiencia Nacional hasta el próximo 18 de octubre, día en el que se cerrará el desfile de nuevos imputados en esta causa que comenzará a mediados de septiembre.

‘CASO BANKIA’

3Por si todo eso fuera poco para el PP, simultáneamente se sigue celebrando la recta final del juicio por la salida a bolsa de Bankia, en el que su principal acusado es nada menos que Rodrigo Rato, el vicepresidente económico con José María Aznar que ya ha sido condenado por las tarjetas black y está pendiente del procedimiento abierto por fraude fiscal y blanqueo por su abultado patrimonio.