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La Moncloa aplaude que se «prohíba un pleno fraudulento»

El ‘expresident’ habla de «rechazo al fraude», pero JxCat se inquieta . El Ejecutivo destaca que no será investido sin autorización judicial

 

Carles Puigdemont, tras su encuentro con el ‘president’ del Parlament, Roger Torrent, el miércoles en Bruselas. - REUTERS / YVeS HERMAN

G. ROBLES / M. VILASERÓ
28/01/2018

Como era de esperar, el Gobierno central sacó anoche pecho por el veto cautelar del Tribunal Constitucional (TC) a la celebración de una investidura a distancia obviando el aplazamiento de la decisión sobre su recurso contra la candidatura de Carles Puigdemont. Fuentes de la Moncloa indicaron que el Ejecutivo «celebra que el TC prohíba la celebración de un pleno fraudulento» para investir a Puigdemont por delegación o por vía telemática.

«La decisión del tribunal pone en valor el propio reglamento del Parlamento de Cataluña», añadieron, «frente al fraude que supondría la investidura a distancia». El Gobierno celebró que «el TC haya evitado esa burla a la ley, al propio Parlament y al resto de grupos políticos, cuyos derechos serían claramente vulnerados con una investidura sin la presencia del candidato». El Gobierno dio una especial importancia al párrafo en el que el TC advierte de que, en caso de presentarse Puigdemont físicamente en el Parlament, «no podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión».

Otras fuentes del Ejecutivo coincidieron en destacar que la decisión del TC, a medio camino entre la postura del Consejo de Estado y de Gobierno, permite a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría «respirar tranquilos después de haber arriesgado mucho». Aunque con matices, «se le han cerrado casi todas las puertas legales a Puigdemont», añadieron.

También señalaron que el único riesgo que queda para el Gobierno es que el candidato pueda aparecer sin haber sido detectado previamente, pero insistieron en que desde Interior se está intentando evitar tal situación.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interpretó la decisión del TC en la misma línea que el Gobierno. «Quien no asista al pleno de investidura para huir de su responsabilidad penal ante la justicia no puede ser presidente, es de sentido común», dijo a través de un mensaje en Twitter, la vía elegida por la mayoría de dirigentes políticos para opinar sobre la interlocutoria. Pablo Echenique, secretario de organización y programa de Podemos, aseguró: «El Gobierno pidió suspender el pleno. El Constitucional rechazó la petición y ha dictaminado que solo se suspenderá si Puigdemont intenta la investidura telemática. ¿Hasta cuándo los de la Gürtel y los del 3% van a tener a todo un país pendiente de los juzgados?»

En Cataluña, los soberanistas acogieron con preocupación la decisión del Constitucional. Carles Puigdemont reaccionó con rapidez, y quizá por eso su opinión sobre el auto es más triunfalista que la de sus compañeros. «Incluso el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa. Más de uno debería pensar en rectificar y en hacer política de una vez. Y si no es capaz, de marcharse y dejar paso», escribió. Pero otros diputados de JxCat no fueron ayer tan benévolos.