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Presupuestos Generales del Estado del 2017

El PSOE rechaza los presupuestos pero podría negociar los del 2018

Los socialistas deben dirimir si apuestan por una legislatura corta o algo más larga, hasta el 2019. La posible aprobación de las cuentas de este año pasa por el apoyo del diputado de Nueva Canaria

 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 21 de febrero en el Senado. - AGUSTÍN CATALÁN

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / JUAN RUIZ SIERRA
18/03/2017

El Gobierno sigue buscando apoyos para su proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2017, que prevé presentar en el Congreso de los Diputados la primera semana de abril, mientras el PSOE se resiste a hablar de las cuentas públicas de este año y prefiere dejar una posible negociación para las del siguiente. Los socialistas contarán ya entonces con una dirección con plenos poderes, tras las primarias de finales de mayo y el congreso de mediados de junio. Entre los tres candidatos a la Secretaría General hay importantísimas diferencias sobre el tipo de oposición a ejercer (siendo Susana Díaz la más proclive a los acuerdos con el Ejecutivo, Pedro Sánchez el menos y Patxi López ocupando un espacio intermedio), pero sea quien sea el elegido, deberá diseñar el nuevo papel a toda prisa. A finales de junio, el Gobierno ya debe aprobar el techo de gasto de los presupuestos del 2018.

La nueva dirección socialista deberá entonces decidir si apuesta por una legislatura corta -el bloqueo presupuestario podría acabar arrastrando a Mariano Rajoy a convocar elecciones generales este mismo año o en la primera mitad del 2018- o si por el contrario prefiere una que sea algo más larga, en la que el líder logre el tiempo necesario para consolidar su candidatura cara a unos comicios.

En este último caso, argumentan fuentes parlamentarias socialistas, convendría pactar los presupuestos del 2018 para alejar así la próxima cita electoral hasta, como mínimo, mediados del 2019. Para ese año, si se cumplen las previsiones económicas, España ya habría salido del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea, pues el desequilibrio presupuestario debería haberse situado ya por debajo del 3% del Producto Interior Bruto (PIB). En esas circunstancias, sería posible confeccionar un programa electoral menos restrictivo que los redactados en las últimas generales, ensombrecidos por la recesión y los recortes derivados de la disciplina de la Comisión Europea.


LA ARTIMÉTICA DE LOS VOTOS

Este es, a grandes rasgos, el argumentario que una y otra vez repiten dirigentes y negociadores socialistas para quitarse de en medio la responsabilidad de tener que apoyar la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2017: “De ninguna manera vamos a negociar ahora nada más sobre las cuentas del 2017. Ya hicimos posible que Rajoy pudiera aprobar el techo de gasto para el 2017. Además, acordamos el reparto de los objetivos de déficit y pactamos el decreto de medidas fiscales con unasubida de impuestos para este año que puede permitir cumplir los objetivos de déficit impuestos por Bruselas sin necesidad de recortes”.

“Que el Gobierno busque los apoyos necesarios en el centro-derecha”, continúan los socialistas, en alusión a posibles alianzas del PP (134 escaños) con Ciudadanos (32), PNV (5) y algunos diputados del Grupo Mixto como Coalición Canaria (1), UPN (2) o Foro (1). Esta senda negociadora parece en los últimos tiempos menos descabellada que antes, a raíz del compromiso por parte del PP de dar su apoyo a las cuentas del lendakari Íñigo Urkullu. Los nacionalistas vascos ya votaron a favor el pasado jueves del decreto del Ejecutivo sobre la estiba, que de todas formas no logró ser aprobado, y su ‘sí’ a los presupuestos del 2017 se da por muy probable.


LAS DOS OPCIONES

La suma propuesta, sin embargo, da 175 votos, uno por debajo de la mayoría absoluta, y aquí los socialistas ofrecen dos alternativas. La primera, reconocen ellos mismos, es difícil que se dé. Pasa por el apoyo de los ocho escaños del PDCat, algo casi imposible en el actual clima de enfrentamiento del Ejecutivo con la Generalitat por sus planes independentistas.

La segunda opción, mucho menos inverosímil, tiene como protagonista a Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, quien concurrió en las dos últimas elecciones generales con el PSOE para pasar después al grupo mixto. El PP puede ganarse el voto de este diputado a cambio de contraprestaciones en el archipiélago. Quevedo se deja tentar. “Probablemente no esté mal que alguien desbloquee”, dijo el jueves en la Cope.

El Gobierno, por último, también trabaja para conseguir el apoyo de la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria. Este lunes viajará a Las Palmas la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para entrevistarse con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, compañero de partido de Oramas. La cita servirá para abordar la llamada “agenda canaria”, que el PP asumió al cambio del apoyo de la formación a la investidura de Rajoy.


El calendario: dos meses y medio de tramitación

El Gobierno prevé presentar el proyecto de Presupuestos del Estado del 2017 en la primera semana de abril. En las fechas posteriores a la Semana Santa (del 17 al 23 del mes que viene) se podrían producir las comparecencias de altos cargos. El debate de las enmiendas de totalidad en el pleno del Congreso podría celebrase la última semana de abril o la primera de mayo. Para este trámite no hace falta mayoría absoluta de votos, ya que lo que se vota no es el proyecto de ley, sino cada una de las enmiendas de totalidad

Si se supera este trámite, comenzará el debate del texto en la Comisión de Presupuestos de las enmiendas parciales presentadas por los grupos. El texto resultante deberá ser sometido a la votación del pleno en la segunda mitad de mayo. La fecha exacta podría estar condicionada por la que previamente anuncie el PSOE para sus primarias. Superar este trámite sí necesita mayoría. Esta es la votación crucial. Si se gana, los presupuestos pueden darse por aprobados.

El texto, en todo caso, pasará al Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta. El trámite en el Senado (pleno y comisión) se puede llevar un mes y culminar en la segunda mitad de junio, coincidiendo posiblemente con el  Congreso del PSOE (17 y 18 de junio) que debe elegir una nueva dirección. Si en el Senado no se han producido cambios no será preciso que el proyecto de ley vuelva a ser votado en el Congreso de los Diputados con lo que ya quedaría definitivamente aprobado.