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ELECCIONES ANTES DE SEIS MESES

Rajoy se propone destituir a Puigdemont y al resto del Govern

Los ministerios dirigirán las 'conselleries' y el Ejecutivo central dará cuenta ante el Senado de su labor cada dos meses El líder del PP podrá reclamar dentro de seis meses que se renueve por más tiempo la intervención de Catalunya

 

Rajoy se propone destituir a Puigdemont y al resto del Govern -

Pilar Santos / Rosa María Sánchez / Gemma Robles
21/10/2017

Mariano Rajoy ha presentado las medidas fundamentales que, ateniéndose al despliegue del artículo 155 de la Constitución, ha aprobado un Consejo de Ministros extraordinario: de entrada y si el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) da su visto bueno a estas demandas, se cesará al presidente de Catalunya, Carles Puigdemont; a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a sus 'consellers', jefes de gabinete de todos ellos y colaboradores de confianza. Serán sustituidos en sus funciones por aquellos cargos que decida el Ejecutivo central, aunque las competencias fundamentales de las 'conselleries' serán controladas desde los ministerios.

Además, la Administración catalana seguirá rigiéndose por la Constitución y el Estatut, que seguirá vigente, se tomarán las riendas de los Mossos y se pondrá límites a la capacidad legisladora del Parlament, que no podrá proponer candidato a la jefatura del Govern ni convocar investiduras. Tampoco podrá adoptar iniciativas contrarias a la Carta Magna o al texto estatutario, dado que el Consejo de Ministros tendrá derecho de veto de 30 días para pararlas. Habrá asimismo cierta intervención en los medios públicos catalanes, que serán dirigidos por nuevos gestores. Y, para Rajoy lo más relevante: se buscarán elecciones en plazo máximo de seis meses.

"La primera medida que va a adoptar el Gobierno está íntimamente relacionado con la celebración de elecciones: la facultad para convocarlas pasa al presidente del Gobierno si el Senado así lo decide. Y tendrá un plazo máximo de seis meses para hacerlo. Pero mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional y para ello sería importante que todos nos aplicáraramos", ha subrayado.

Si dentro de esos seis meses que ahora se fija como tope, el Gobierno considera que no se dan las circunstancias para que los comicios discurran con normalidad, podrá pedir al Senado que la intervención de la Generalitat continúe. Para ello necesitará presentar a la Cámara alta otro acuerdo del Consejo de Ministros con una exposición de motivos.

Posibles represalias por desobedecer
En lo que atañe a la economía, se habilita al Ejecutivo central a ejercer las competencias necesarias "en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria", así como a garantizar que ningún fondo que el Estado inyecte a la comunidad autónoma, ni ningún ingreso que llegue por vía de recaudación termina utilizándose para sufragar los gastos "de actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista".

La puesta en marcha del 155 que se propone es dura. Y de complicada resolución en el día a día. Se advierte de hecho que cuando toque desarrollar cada medida de forma concreta, se podrán aprobar resoluciones, protocolos o normas que ayuden a concretar el cómo ha de hacerse. Se controlará la publicación el boletines oficiales y las áreas de telecomunicaciones, como adelantó EL PERIÓDICO. Cada paso que se dé desde la Administración catalana ha de someterse a régimen de comunicación  o autorización si afecta a las iniciativas ligadas al 155 y si algún funcionario o personal vinculado al Govern incumple, además de tener que atenerse a las responsabilidades patrimoniales o contables que se le puedan requerir, tendrá encima de la mesa la amenaza penal, puesto que su comportamiento puede llegar a Fiscalía, se avisa.

En el caso concreto de dos puestos de una visibilidad especial, el del 'mayor' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y del director de TV-3, Vicent Sanchis, fuentes de la Moncloa aclaran que no serán destituidos de manera automática, sino que los ministros y los altos cargos de los departamentos que asuman su control (Interior y Presidencia del Gobierno) esperarán a ver si cumplen con la Constitución, el Estatut y las leyes. En el caso de Sanchis, y del resto de directivos de los directivos de medios públicos, el Ejecutivo central estará muy pendiente, además, de que cumplan con "una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también en el equilibrio territorial". 

Actualización en Senado y rendir cuentas cada dos meses 
Según explicó Rajoy en La Moncloa, en una sala de prensa abarrotada por todos sus ministros y colaboradores además de numerosos representantes de la prensa, los objetivos que persigue al desplegar dicho artículo es volver a la legalidad y respeto a la Constitución y Estatuto de autonomía, además de la recuperación de la convivencia en Catalunya. Trata también de impedir que la recuperación económica se frene en este territorio "que está en evidente peligro por las decisiones unilaterales y caprichosas de algunos" y, fundamentalmente, el poder celebrar elecciones en una situación de normalidad.

En esta línea, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en un 'briefing' con la prensa hizo hincapié en que este paquete de medidas propuesto (que no podrá hacerse efectivo en ningún caso hasta que no sea aprobado tras un largo trámite en el Senado) no supone "devolución de competencias al Estado". Tampoco, agrega, la derogación del autogobierno al dejar vivo el Estatut para su cumplimiento. Se aplicarán las iniciativas de forma "gradual", dado que la Cámara alta podrá ir actualizando su contenido si la situación fuera cambiando, y el Gobierno dará cuenta de su cumplimiento y del estado de la cuestión cada dos meses, con un límite de los seis propuestos como línea roja temporal para que se convoquen comicios en Catalunya, se disuelva el Parlament y haya un nuevo Govern no ya por sustitución, si no por elección. 

Buscar el 155 y la "magia" del diálogo
En una intervención tras la que aceptó pocas preguntas de los periodistas, el jefe del Gobierno ha afirmado que se ha llegado a esta situación límite tras un "proceso unilateral, contrario a la legalidad y que ha buscado el enfrentamiento", después de que se intentara "imponer" un referéndum de autodeterminación que, según ha incidido, no puede ser aceptado por el Estado español. Dicho esto, hizo un relato de los acontecimientos protagonizados por el independentismo hasta llegar al 1-O y a la jornada en que, con mucha ambigüedad, se habló de independencia en el Parlament y de su inmediata suspensión. "Después de todo esto tuve la oportunidad de haber actuado antes, he tenido oportunidades como una parte de la opinión pública pedía, pero hemos decidido actuar con prudencia, con responsabilidad y buscando una rectificación. Mandamos un requerimiento al que no respondieron porque no quisieron", ha apostillado.

"Yo tengo la sensación de que se pudiera pensar que algunos querían llegar a que se aplicara el 155. No lo voy a afirmar, pero tengo esa convicción, porque desde la Generalitat no se ha podido actuar peor", ha aseverado Rajoy, quien no ha perdido ocasión de cuestionar a los que tanto hablan de "diálogo" no ya como una "palabra hermosa", sino como término "mágico". "Tengo que decir que aquí nadie ha planteado [desde el Govern]  diálogo, sino imponer un referéndum. Eso es un contrato de adhesión", ha agregado.

En este contexto, ha recalcado que su Ejecutivo ha tenido que aplicar al 155 aunque no era ni su "deseo" ni su "intención". "No lo fue nunca. Es un artículo constitucional, sí, pero para ocasiones excepcionales [...]. Ningún Gobierno puede aceptar que se ignore la ley y que alguien imponga sus criterios", ha remachado.

 
 
1 Comentario
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Por JoseMartos 17:50 - 21.10.2017

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Mejor hubiera sido que el titular fuese "El gobierno aplica el 155 y se ve obligado a destituir al Presidente de la Generalidad catalana". No es que Rajoy se proponga, o no, destituirlo, es solo la aplicación escueta de la ley.