D iversas fuentes jurídicas descartan que el viaje de Juan Carlos de Borbón fuera de España pueda impactar en la investigación que sobre él sigue la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues el ministerio público cuenta con «abundante material documental para hacer su trabajo y valorar o descartar los indicios de delito», explica uno de los juristas, juez en ejercicio, consultados por este diario.
Las mismas fuentes coinciden al insistir en que Juan Carlos de Borbón no es un prófugo, pues no tiene causa judicial alguna que requiera su comparecencia como investigado (antes, imputado). El caso, indican fuentes del ministerio público, está en la fase de las diligencias de investigación. Concretamente, en el estudio de la documentación sobre movimientos de dinero en cuentas corrientes remitida por la fiscalía suiza, en torno al presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca y la elusión fiscal de esos supuestos cobros.
En esta fase, indican fuentes del ministerio público, es muy poco probable que se requiera la presencia del rey emérito en dependencias de la Fiscalía para aclarar algún extremo. No obstante, recuerdan, esa posibilidad existe. En el caso de que una persona investigada no atienda una llamada del fiscal, éste puede judicializar el asunto pidiendo a un juez medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la busca y captura.
«Nuesttro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado», sostiene la providencia del Supremo, cuya Fiscalía ha asumido la investigación en virtud del artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita a la Sala II del alto tribunal para pesquisas sobre «acciones penales» de reyes que hayan abdicado.
La entidad independentista había exigido medidas cautelares después de que el lunes la Casa Real difundiera una carta del emérito a su hijo en la que le comunicaba su decisión de irse fuera de España para apartarse del escándalo suscitado en torno a «ciertos acontecimientos pasados» de su «vida privada».
Preguntado por este diario, el despacho Sánchez-Junco guarda silencio sobre esta práctica que, según fuentes jurídicas, es una costumbre de cortesía en casos complejos en los que la Fiscalía investiga actividades de una persona relevante. Suele en estos casos dirigirse el abogado al fiscal para decirle que, pese al viaje, su cliente queda a disposición del ministerio público, y que se le puede localizar a través suyo.
El mutismo en la Fiscalía y la opacidad que rodea al viaje de Juan Carlos de Borbón abona en cualquier caso la posibilidad de que el emérito esté, para los fiscales, en paradero desconocido.
«No es relevante para esta fase de la investigación –explica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo–, ni ninguna instancia judicial ha decidido que a Juan Carlos I se le restrinja la libertad de movimiento, ni está siendo procesado, ni la Sala II ha incoado aún causa penal por los hechos que denuncia Òmnium”.
Se refiere a la querella presentada por la entidad independentista el mes pasado. Aunque la ausencia de Juan Carlos I no para las pesquisas, para Jiménez Villarejo «esta desaparición no debería estar ocurriendo». H
