Pedro Sánchez y Quim Torra mantuvieron ayer una conversación «cordial» de siete minutos. La llamada, que se produce después de que el jefe del Ejecutivo central levantase el veto al presidente de la Generalitat, que en repetidas ocasiones intentó contactar telefónicamente con Sánchez tras la sentencia del 1-O, sirvió para que ambos mandatarios se comprometieran a un encuentro, en Madrid o en Barcelona, después de que el líder socialista haya nombrado a sus ministros, algo que tendrá lugar el próximo domingo. Al mismo tiempo, 15 días después de la formación del Gobierno, también debería reunirse la mesa sobre el «conflicto político» en Cataluña, pactada entre el PSOE y ERC a cambio de la abstención de los republicanos en la investidura de Sánchez.

La Moncloa y la Generalitat emitieron comunicados muy similares sobre el contenido de la breve conversación. Según el Gobierno central, el líder socialista transmitió a Torra que «quiere recomenzar y retomar el diálogo», y que «tiene la voluntad sincera de intentar arreglar el conflicto político en Cataluña».

El Ejecutivo catalán puso el énfasis en que la reunión entre Sánchez y Torra debe servir para «encarrilar la mesa de negociación», un organismo que hasta ahora JxCat había recibido con tibieza e incluso con críticas abiertas a lo acordado por ERC con el PSOE en el marco de la negociación para la investidura de Sánchez. Pero, paulatinamente, Torra trata de hacerse suya la mesa negociadora exigiendo abordar la autodeterminación.

La anterior vez que hablaron ambos presidentes fue el 17 de diciembre, una conversación también telefónica de quince minutos que sirvió para normalizar la relación tras meses de silencio en los que el jefe del Ejecutivo central no respondió a las llamadas del president, molesto porque entendía que no había condenado de forma inequívoca la violencia tras la sentencia del procés.

En aquella charla de diciembre, ambos dirigentes acordaron reunirse. Sánchez se comprometió al encuentro, pero lo fijó para después de una investidura lograda tras un pacto con ERC que creaba la mesa en la que el Gobierno y la Generalitat se sentarán para tratar de encauzar el «conflicto político» con una consulta posterior a catalanes.