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con efectos desde el 1 de enero del 2019

Sánchez anuncia una subida de hasta el 2,75% para los funcionarios

El Gobierno aprobará esta medida en el Consejo de Ministros de Barcelona El alza salarial resultante depende de que la economía crezca por encima del 2,5% en el 2018

 

Pedro Sánchez, en el Senado. - JOSÉ LUIS ROCA

Rosa María Sánchez
18/12/2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre aprobará una subida de hasta el 2,75% para los empleados públicos con efectos desde el 1 de enero del 2019.

Según ha explicado el presidente en el Senado, de acuerdo al pacto alcanzado entre los representantes sindicales y el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo pasado, el sueldo del conjunto de los empleados públicos subirá el 2,25% con carácter general en el 2019. A este porcentaje habrá que añadir otro 0,25% adicional vinculado a un crecimiento del PIB por encima del 2,5% en el 2018. El Gobierno prevé que el PIB crecerá este año el 2,6% si bien el Banco de España acaba de rebajar su previsión al 2,5%.

Al 2,5% resultante (2,25% más 0,25% vinculado al crecimiento del PIB), el Gobierno está dispuesto a añadir otro 0,25% opcional para los empleados públicos de la administración central proveniente de los llamados "fondos adicionales", según se desprende del anuncio de Pedro Sánchez en el Senado. Ello daría como resultado una subida del 2,5% con carácter general y del 2,75% para la administración central, que puede acabar arrastrando al resto de las administraciones

Satisfacción sindical

La organización sindical CSIF "se felicita de este anuncio", si bien "espera a conocer el contenido del decreto que se aprobará el viernes para comprobar que efectivamente esta subida se producirá sin más demora", según ha informado en un comunicado.

Esta misma mañana, CSIF ha mantenido una reunión con el director general de Función Pública, Javier Rueda Vázquez, en la que de primera mano nos ha informado de estas cuestiones. "La subida, tal y como se había acordado, se traducirá en un 2,25 por ciento fijo, al que se sumará otro 0,25 ligado al objetivo del PIB (un PIB del 2,5), más un 0,25 por ciento adicional de masa salarial", aclara la nota sindical. "Función Pública nos ha trasladado que podrían incluso negociarse los fondos adicionales de 2018, 2019 y 2020, por lo que este porcentaje adicional podría elevarse este año al 0,75, tal y como reclama CSIF", se apunta.

Según esta organización sindical, "el anuncio se produce después de las protestas protagonizadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ayer mismo salió a la calle para reclamar que esta subida se haga efectiva el 1 de enero, tal y como recoge el acuerdo firmado con el anterior Gobierno".

Fondo adicional del 0,25%

El acuerdo laboral de marzo incluía que "cada Administración Pública", en cada uno de los ejercicios presupuestarios afectados (2018, 2019 y 2020), "previa negociación colectiva en el correspondiente ámbito de negociación, podrá destinar un porcentaje adicional de su masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino, o la aportación a fondos de pensiones". Para el 2019 este porcentaje adicional negociable se fija en el 0,25%. Además, el acuerdo prevé que "las Administraciones públicas en situación de superávit presupuestario podrán elevar dicho porcentaje en cada uno de los años y hasta un máximo de un 0,3 %" (esta situación se da en numerosas administraciones locales y podría darse en alguna comunidad autónoma).

En su discurso, Sánchez ha dado a entender que la subida salarial para los empleados públicos que el Gobierno prevé aprobar antes de que acabe el año incluirá la subida añadida del 0,25% en concepto de "fondos adicionales", al menos para la administración central. Así, la subida total en el 2019 podría llegar al 2,75% en la administración central, con un previsible efecto arrastre para el resto de las administraciones autonómicas y locales.

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