El conflicto político y social de Cataluña ha tenido un claro impacto en la actividad de las empresas catalanas. Y no solo ha afectado a la pérdida de sedes sociales. También ha tenido un coste en inversión, empleo y reputación. Así lo refleja un estudio realizado por la escuela de negocios Esade entre 123 directivos de empresas catalanas, que en su conjunto dan empleo a 157.809 personas. La encuesta, realizada a principios de diciembre, refleja como una de las conclusiones más relevante que el 46% de los directivos afirman que sus empresas ha dejado de invertir y no, en gran número, no se plantean nuevas contrataciones hasta que no se despeje la situación. «Están en una situación de stand by», según ha explicado Fernando Trias de Bes, economista y autor del estudio en el que ha colaborado también el catedrático de Economía de Esade y exconsejero de Empresa de la Generalitat, Xavier Francesc Mena.

La consecuencia más llamativa de la situación es que uno de cada cuatro directivos han reducido sus presupuestos y la contratación de personas para el próximo año. En este sentido apuntan que la gestión política del conflicto en los próximos meses va a ser determinante para la economía catalana. «Lo que se verá en enero, después de las elecciones, será decisivo», explicó Trias de Bes. En la encuesta, realizada entre directivos de empresas, se les pide que plateen sus peticiones al Gobierno central al próximo Govern y a la sociedad. «Valentía política para reconocer y encarar la naturaleza política del conflicto», se solicita a Madrid.

Al Govern que salga de las elecciones del 21-D se le plantea invertir muchos más recursos públicos en empleo y políticas sociales, «no en financiar un proceso de independencia». Y a la sociedad se le pide tener presente que sin convivencia, el riesgo del conflicto es muy elevado.

El efecto del procés también se ha hecho notar en las ventas reales. El 56% de los directivos afirman que han bajado las ventas de sus empresas debido a la crisis catalana. El promedio de los descensos alcanza el 9,5% del volumen de cada una de esas empresas, teniendo en cuentan que entre ellas figuran pymes que facturan menos de 1 millón de euros y multinacionales que ingresan más de 1.000 millones. Los efectos negativos se reflejan también en otras dos circunstancias: Un 44% de los directivos reconocen pérdidas de clientes, como consecuencia de de una evidente problema en las relaciones comerciales, que, además, se ha acabado trasladando a un boicot hacia las empresas catalanas: un 19% reconoce el boicot a sus productos, y el porcentaje aumenta al 33% en el caso de las multinacionales.

FUGA DE COMPAÑÍAS / En su gran mayoría, las empresas también se han visto afectadas por la fuga de compañías. El 58% de los directivos afirman que alguna de las más de 3.000 empresas trasladadas o es cliente o proveedor suyo. Uno de cada tres ejecutivos afirman que el traslado de sede de sus clientes o proveedores les afecta. En cuanto a los motivos para la mudanza empresarial, la razón que se pone por delante entre los afectados (30% de los casos) ha sido garantizar la seguridad jurídica.

Las consecuencias negativas no son totalmente cuantificables. Entre las que no se resumen en un porcentaje, destaca que ser una empresa catalana se ha convertido en «un pasivo» en España, cuando antes de esta situación era un activo. Se ha producido una clara erosión en las relaciones comerciales y en las relaciones laborales, con el consiguiente desenfoque y distracción del personal. Se ha producido una pérdida de operaciones corporativas e inversiones y pérdida del atractivo internacional y corporativo.