El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no ha perdido el tiempo y solo dos días después de comunicar a las partes personadas en la causa por rebelión que ya tenía a su disposición el informe de la Guardia Civil en el que se pormenorizaba la actuación de todos los protagonistas del proceso independentista ha tomado su primera decisión: aumentar el número de imputados con los identificados en él. Entre los que han adquirido la condición de investigados figuran el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la número dos por ERC, Marta Rovira, confirmaron fuentes jurídicas a este diario.
El instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación también ha acordado la imputación de la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá, su portavoz, Anna Gabriel, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), Neus Lloveras i Massana. En un auto notificado este viernes, el juez les comunica su imputación para que puedan ejercer desde ya su derecho de defensa. Y la lista de imputados aún puede ampliarse, porque hoy mismo la fiscalía ha pedido al juez imputar en el alto tribunal al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y Josep María Jové, que era el segundo de Economía con el exvicepresidente Oriol Junqueras.
En su auto, Llarena explica que las diligencias practicadas muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlament, los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la AMI. Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento Enfocats, «sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge».
En este sentido, el auto destaca que todos ellos aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para «idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Jové». Habrían tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, «aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término», tal y como relata el atestado elaborado por la Guardia Civil.
COMITÉ ESTRATÉGICO / En el comité estratégico la Guardia Civil situaba a Mas, Rovira y al expresidente Carles Puigdemont y el exvicerpresidente Oriol Junqueras, así como a la presidenta del Parlamento Carme Forcadell, los portavoces parlamentarios Lluís Corominas, Anna Gabriel y Mireia Boya y a los presidentes y vicepresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) y de Òmnium Cultural. También se incluye en él a los directores de las oficinas de desarrollo del autogobierno, Carles Viver, Víctor Cullell y Josep Maria Reniu, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos independentistas.
El informe situaba a Rovira en todas las reuniones clave, según había dejado manuscrito en su agenda el que era número dos de Economía con Junqueras, Josep Maria Jové. En cuanto a Mas, destacaba que «durante su gobierno se formalizaron el acuerdo de transición nacional y la declaración de soberanía. Además, se creó el Consejo Asesor de Transición Nacional (CATN) y el libro blanco, que contemplaba la estrategia y los objetivos de los ideólogos de una Catalunya independiente». Ello pasaba por la internacionalización del conflicto, los procesos de autodeterminación y constituyente y la creación de estructuras del Estado, así como el control de infraestructuras estratégicas, incluso las exigidas por la Unión Europea.
Tanto Rovira y Mas se encuentran en un nivel superior que los miembros del depuesto Govern, que pasaron por prisión por orden de la jueza de la Audiencia Carmen Lamela y el Supremo dejó en libertad con fianzas de 100.000 euros, salvo el exvicepresidente y el que era responsable de Interior, Joaquin Forn. Del comité ejecutivo forman parte los exconsellers y otros responsables de la Generalitat.
