Un trabajador del equipo de seguridad del BBVA que trabajaba a las órdenes de Julio Corrochano --en libertad bajo fianza-- reconoció ayer en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos de clientes de la entidad financiera a demanda de policías que como él, están investigados, pero pensando que eran para pesquisas oficiales, no para los proyectos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Se trata de César Bilbao, que compareció ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales de Anticorrupción en calidad de imputado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en el marco de la pieza 2 del caso Tándem, relativa al encargo que el despacho de abogados Herrero y Asociados habría hecho a Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.

Bilbao aparece en la documentación que obra en la causa como una de las dos personas del BBVA que proporcionaron datos sobre los abogados a los que Villarejo estaba espiando, cosa que ha explicado porque esa era su labor: a veces pasaba las consultas al departamento jurídico y en otras ocasiones contestaba él mismo a los requerimientos, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Se da la circunstancia de que en las fechas objeto de la investigación su jefe directo era Julio Corrochano, el jefe de Seguridad del BBVA, que está en libertad bajo fianza por otra de las líneas de investigación de esta macrocausa que le sitúa como el interlocutor de Villarejo con la entidad financiera en los trabajos que estuvo realizando para ella durante más de una década.

Siempre según fuentes jurídicas, alegó que cuando un policía solicitaba información, ya fuese mediante un oficio, correo electrónico «o incluso por teléfono», se «deducía» que era para una investigación oficial, si bien este extremo también se desconocía. Ha señalado en concreto al inspector Constancio Riaño como la persona que le hacía las consultas, tal y como consta en el intercambio de correos electrónicos que obra en la causa.

En esta jornada declaró además el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro por las consultas que según consta en un oficio policial, realizó sobre el despacho de abogados espiado, Balder IP, cuya información tributaria obraba en poder de Villarejo. Dijo no recordar haber mirado esa información y ha planteado la posibilidad de que alguien usara su clave de acceso al sistema.