Tras meses de preparativos y de esgrima verbal entre el independentismo y los principales poderes del Estado, hoy es el día en el que por un lado el Parlamento y el Ejecutivo catalanes darán luz verde al desafío del referéndum -la ley que lo regula y el decreto del Govern que lo convoca- y el Gobierno del PP instará al Constitucional a que enseguida lo suspenda y tome otras medidas para tratar de cortocircuitarlo.
Todo ello llega el día después de que el Tribunal de Cuentas caldeara el ambiente citando para el próximo día 25 a Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs y otros 7 altos cargos para notificarles que han de pagar el coste del 9-N: 5,2 millones de euros. Una decisión que encendió ayer mismo la batalla. «Si los tocan a ellos nos tocan a todos», exclamó Puigdemont en rueda de prensa tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas.
Unos y otros han guardado hasta hoy los detalles de sus respectivas tácticas de juego y han decidido seguir atizándose verbalmente de forma vehemente. ¿Qué sucederá entonces? De entrada abrirá el juego Junts pel Sí, que no tramitado aún su ley del referéndum a través de la Mesa del Parlament para evitar que la norma sea suspendida antes incluso de ser debatida en pleno. Hoy lo que hará es pedir una alteración del orden del día para introducir esta ley y posiblemente también la de transitoriedad jurídica.
Previamente, a las 9 de la mañana se habrá celebrado una reunión extraordinaria de la Mesa para tramitar por fin ambas leyes. Es posible que se conceda a la oposición un periodo de un par de horas para que presente y negocie enmiendas. Un formalismo para poder afirmar que no se ha debatido y votado la ley sin margen ninguno para la oposición. Una oposición que tratará de que la Mesa reconsidere esta estrategia de máxima urgencia, un procedimiento nada habitual cuando se debate una ley, dado que es habitual dar semanas de tiempo para analizarla y pulirla.
La ley será debatida y en el momento de la votación C’s, Socialistas y PP saldrán del hemiciclo en señal de protesta por un uso, afirman, torticero, del reglamento del Parlament. Catalunya Sí que es Pot (CSQP) en cambio sí participará en la votacion y tratará de introducir enmiendas. Finalmente, dado que las enmiendas no prosperarán, CSQP optará por la abstención.
EN MADRID
Mientras, en Madrid, el Gobierno de Rajoy saltará inmediatamente a impugnar los movimientos del soberanismo en cuanto la ley sea tomada en consideración por la Mesa. El Constitucional estará reunido y los trámites serán también extrarodinariamente ágiles para lograr que el TC suspenda -lo hace automáticamente cuando el Estado recurre contra iniciativas autonómicas- la normativa sobre el referéndum.
Es conocido, porque ayer mismo lo verbalizó el portavoz del Govern, Jordi Turull, que el Ejecutivo catalán no tomará en consideración lo que dicte el TC y solo acatará las decisiones que haya tomado el Parlament, que una vez apruebe la ley la publicará de inmediato en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) reunirá al Govern para que todos los consellers en pleno firmen el decreto de convocatoria del referéndum del 1-O. A partir de este desacato del Gobierno catalán es cuando llega, por fin, la hora de los hechos. La hora de la verdad. Se tratará de ver qué mecanismos activa el Estado para hacer cumplir sus decisiones.
