El Gobierno británico no podrá poner en marcha el artículo 50 para iniciar el proceso del ‘brexit’ sin el voto de los diputados. Así lo indica la sentencia del Tribunal Superior de Londres, tras el recurso presentado cuestionando el mandato de la primera ministra, Theresa May, para tomar la decisión sin consultar con el Parlamento. El veredicto es un enorme golpe para los planes de May, que se enfrenta ahora a una pesadilla. El Gobierno debe decidir ahora si presenta un recurso ante el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, o si acepta el veredicto y la votación en las dos Cámaras del Parlamento. El caso es histórico y de una enorme importancia constitucional.

Tras el resultado del referéndum a favor del ‘brexit’, un grupo a favor de la permanencia, liderado por la asesora en fondos de pensiones Gina Miller, presentó un recurso ante la justicia, argumentando que la primera ministra no tiene el derecho a activar el artículo 50 del tratado de Lisboa sin la aprobación explícita de los diputados. Ignorar al Parlamento, como planea May, sería una violación de los derechos que figuran en la legislación europea adoptada por el Reino Unido en 1972 (ley de las Comunidades Europeas).

Durante la vista que duró tres días el pasado mes, los abogados en nombre del Gobierno insistieron en que este no necesita el consentimiento del Parlamento para iniciar formalmente los dos años de negociaciones del 'brexit'. Los letrados invocaron una convención constitucional histórica, las antiguas “prerrogativas reales”, para abandonar tratados internacionales. A ese argumento añadieron la voluntad de los ciudadanos expresada en el referéndum, con un 52% de votantes a favor del ‘brexit’.

"SUBVERTIR" LA DEMOCRACIA

No solo en los tribunales se cuestionan los poderes de May. Un grupo de diputados en la Cámara de los Comunes también han pedido que se someta a votación los términos del ‘brexit’, antes de activar el artículo 50. Esa demanda trata de “subvertir la democracia”, según la primera ministra, quien no ha ofrecido hasta ahora detalles de cuáles serán las exigencias británicas en las negociaciones con Bruselas.

Un voto en el Parlamento no detendría el proceso del ‘brexit’, pero podría retrasarlo y hacer la ruptura más suave y flexible. La postura de May, rechazando la libre circulación de europeos, implica la salida del Reino Unido del mercado único, algo que asusta a empresarios, inversores y mercados.