En medio de un agravamiento de la crisis sanitaria, con nuevos picos de muertes por coronavirus, Brasil entra en una etapa más peligrosa de su deriva política. Sergio Moro, el juez que en su momento condenó a prisión a Luiz Inacio Lula da Silva y que, como premio, obtuvo de Jair Bolsonaro el Ministerio de Justicia y Seguridad, abandonó ayer el Gobierno de ultraderecha. La dimisión obedece a su rechazo a los cambios en la cúpula de la Policía Federal (PF) promovidos por el presidente. Al dar el portazo, Moro dijo que Bolsonaro atentaba contra la «autonomía» de la PF, un límite que ni siquiera el demonizado Partido de los Trabajadores (PT) se atrevió a cruzar. El ministro renunciante dejó entrever que la decisión del capitán retirado de cambiar el mando policial estaría relacionada con una necesidad de blindar a sus hijos. La incomodidad de Bolsonaro con el trabajo de la PF había aumentado debido a las investigaciones sobre una equipo de propagación de fake news en las redes que atacan a opositores políticos y convocan a las manifestaciones en favor del cierre del Congreso y la intervención castrense. Detrás de ellas estaría el concejal Carlos Bolsonaro. «El propio presidente me dijo que quería una persona propia para poder llamar y obtener información, informes de inteligencia. Este tipo de conducta es inaceptable» dijo Moro. Aseguró también que el mandatario le había expresado su «preocupación por las investigaciones que estaban en curso en el Tribunal Federal Supremo» y que apuntan en la misma dirección.
Brasil tuvo ayer un récord de muertes por coronavirus. Con los últimos 407 casos computados, el número de fallecidos como consecuencia de la pandemia asciende a 3.735. Pero todos los medios de prensa dan como un hecho de que la cifra de decesos e infectados, hasta ahora unos 50.000, es mucho mayor a la informada oficialmente. El avance del covid-19 no es ajeno a la subestimación que hizo Bolsonaro sobre su verdadero alcance. El presidente habló de «una gripecita», lo que generó confianza.
