Los gobiernos e instituciones de la Unión Europea ven crucial la creación de un registro europeo de datos de pasajeros aéreos para seguir el rastro de terroristas y criminales. Durante años, la Eurocámara se había resistido a avalar este instrumento al entender que ni garantizaba una protección adecuada de la privacidad ni servía para detectar a supuestos yihadistas como Salah Abdeslam o Mohamed Abrini que habrían actuado en suelo europeo sin coger un avión. Este jueves el pleno ha suavizado su postura y ha dado vía libre al nuevo instrumento antiterrorista por amplia mayoría: 461 votos a favor, 179 en contra y 9 abstenciones.
Los recientes atentados de París y Bruselas, en los que murieron más de 160 personas y hubo centenares de heridos, han llevado finalmente a los eurodiputados a levantar la presión y a despejar el camino a un registro -en realidad un sistema de registros nacionales interconectados más que una macrobase de datos- que deberá permitir a las fuerzas de seguridad europeas saber quién entra y sale de Europa. Populares y conservadores británicos votaban a favor, socialistas y liberales pedían también el voto positivo mientras que verdes e izquierda europea lo hacían contra.
Desde el 2011
La propuesta llevaba sobre la mesa desde 2011. Durante años estuvo bloqueada porque los eurodiputados no veían ni la necesidad ni la proporcionalidad de la medida, hasta que los atentados de Charlie Hebdo y la presión del Gobierno francés pusieron el tema de nuevo en la agenda política europea. Ahora una mayoría de diputados europeos han considerado que era necesario ceder para satisfacción de gobiernos y Comisión Europea.
“El registro mejorará la seguridad de nuestros ciudadanos al tiempo que incluye salvaguardas de protección y una privacidad robusta”, aseguraba el vicepresidente Frans Timmermans. “Es una herramienta indispensable que reforzará la seguridad en el espacio Schengen”, añadía el primer ministro francés, Manuel Valls. “Se han obtenido mejoras que hacen que el texto sea proporcionado y efectivo”, valoraba el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz.
La satisfacción del negociador y ponente de la Eurocámara era este jueves evidente. “Comprendo las reservas sobre la recolección y almacenamiento de datos personales pero creo que la propuesta incluye salvaguardas y también demuestra que es proporcionada en relación a los riesgos a los que nos enfrentamos”, indicaba Timothy Kirkhope. “Se trata de una herramienta importante para luchar contra los terroristas y traficantes”, añadía. El eurodiputado conservador británico admitía que “no es una fórmula mágica” pero aseguraba que ha sido clave en el pasado para descubrir la pista de terroristas.
La queja de Albiol
No todos, sin embargo, han suavizado su postura. Pese a que la directiva incluye algunas salvaguardas, Verdes e izquierda europea han reiterado su rechazo porque llevará a un recorte de derechos y libertades. “Sabían que al calor de los atentados de Bruselas sería mucho más sencillo someternos a este recorte de libertades”, se quejaba la eurodiputada de IU Marina Albiol. “Con el PNR se crea un registro policial único con el que pretenden monitorear todos nuestros movimientos”, alertaba. Y lo mismo Ernest Urtasun, de ICV. "Es una medida equivocada basada en la obsesión política de la vigilancia masiva de ciudadanos", advertía. "Hoy en día las autoridades ya pueden acceder a los registros de vuelo y por tanto ya pueden saber quien coge vuelos. No es la falta de información sino los errores al compartirla", alertaba.
Aunque se trata del espaldarazo definitivo, porque ya existe un acuerdo con los gobiernos desde finales de 2015, todavía pasará tiempo hasta que la directiva entre en vigor. El Consejo debe todavía dar luz verde formalmente al pacto y una vez concluido el trámite, los 28 tendrán que trasponerla a su legislación interna para lo cual tendrán hasta dos años. Algunos países como Francia o España ya han anunciado su intención de acelerar el trámite y ponerlo en marcha este mismo año mientras que Bruselas ha anunciado que presionará a los gobiernos para que el registro sea una realidad lo antes posible. “No tenemos tiempo que perder”, advertía el comisario de interior, Dimitrios Avramopoulos durante el último debate dedicado a una propuesta que ha necesitado cinco años para ver la luz.
