España emprende una nueva fase en la que testará a todos los sintomáticos y aislará a los positivos y sus contactos. Ignoramos aún cómo se gestionarán los elementos de riesgo: ¿Serán enviados a casa confiando en su íntima responsabilidad para alejarse de la calle durante semanas? No es raro que los debates sobre limitaciones de libertades desemboquen en el no somos chinos pero un vistazo panorámico arruina los planteamientos simplistas.
Gobiernos democráticos que han sido reivindicados como saludables alternativas a la receta china y gestionan sociedades más disciplinadas y solidarias que nuestro mediterráneo individualismo fiscalizan los encierros con tecnologías invasivas y contemplan multas y penas de prisión. Occidente ya ha digerido las cuarentenas masivas que tres meses atrás eran inaceptablemente autoritarias pero el anatema persiste en la supervisión digital; en Asia se entiende como una factura aceptable en nombre de la salud grupal que evita medidas objetivamente más lesivas contra la libertad y la economía como los larguísimos confinamientos.
Efímero revuelo
Taiwán ha centralizado los registros ministeriales para identificar a posibles contagiados y supervisa las cuarentenas a través de la geolocalización del móvil. El aparato envía una alarma a la policía si sale de los límites de la vivienda. Los agentes llaman varias veces al recluido para comprobar que no se ha ido de paseo y dejado el teléfono.
Milo Hsieh, un estudiante regresado de Estados Unidos, comprobó su eficacia. Su teléfono se quedó sin batería mientras dormía y, tras las inmediatas llamadas y mensajes desatendidos, dos agentes aporrearon su puerta minutos después. Ese mediático episodio provocó un efímero y minoritario revuelo en un país que construye su identidad en oposición a la china. «Taiwán fue una dictadura que sólo alcanzó la democracia tras décadas de lucha, por lo que las violaciones de las libertades civiles generan una respuesta inmediata. Pero las protestas se apagaron debido al orgullo nacional porque se juzgó que criticaban los esfuerzos para luchar contra el coronavirus», señala el activista Brian Hioe.
El febril testeo permite identificar incluso a los asintomáticos en Corea del Sur. A los diagnosticados, cuando los hospitales estaban saturados, se les controlaba con aplicaciones de móvil y llamadas constantes mientras esperaban en casa a que se liberara alguna cama. Las medidas persisten hoy para las 46.300 personas en cuarentena forzosa que han regresado del extranjero o han estado en contacto con infectados. El Gobierno, hastiado tras casi 200 escapadas furtivas, les permite elegir desde el lunes entre las pulseras de geolocalización que ya se usan en Hong Kong o terminar el encierro en instalaciones estatales.
La epidemia del MERS, que dejó 36 muertos en el 2015, cambió el paradigma informativo. Seúl rehusó en un principio identificar los hospitales que trataban a los contagiados y reculó para atajar las especulaciones de las redes sociales. La nueva ley legitima durante las epidemias a las autoridades a recopilar información privada de contagiados o sospechosos y «compartirla sin demora» para satisfacer «el derecho público a saber».
Aplicaciones de móvil, grabaciones de cámaras, registros de compras con tarjetas y datos de inmigración permiten trazar el itinerario de un contagiado en diez minutos. Este se envía en sms a la población para que compruebe si ha coincidido en los mismos lugares. La información incluye el género, la edad y el domicilio, así que no es difícil en algunos casos dar con el nombre. Visitas a hoteles por horas o locales de ambiente han colocado a diagnosticados en situaciones delicadas pero todas las encuestas y la reciente victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del Partido Democrático confirman el apoyo masivo a la política.
Controles sociales
«Durante décadas hemos sabido que la gente sacrifica libertad a cambio de seguridad. Es un defecto en circunstancias normales pero quizá en las actuales es más comprensible y aceptable», dice Peter Kuznick, historiador de la American University. El académico alude a la excepción de Japón, país obediente que rechazó los controles sociales hasta que la crisis se descontroló. A la digestión de surcoreanos y taiwaneses contribuye la transparencia de sus gobiernos y las promesas de que ya no habrán controles tras la epidemia.
El estado de alarma permitiría en España la adopción de mecanismos de control y la ley ya se ha utilizado en casos de tuberculosis y otras crisis.
