Las multas coercitivas que siguen recibiendo muchos de los propietarios de viviendas ubicadas en la Marjaleria de Nules están más cerca de paralizarse. Así lo asegura el alcalde, David García, tras la reunión mantenida con el director territorial de Urbanismo, Fernando Renau, en la que les trasladó las implicaciones que tendrá para estos afectados la aprobación de la nueva legislación urbanística valenciana.

Aunque en unas dos semanas convocarán un encuentro para aportar más detalles a los interesados, el munícipe avanza que esta normativa planteará dos situaciones diferenciadas que en principio tendrán la misma conclusión, aunque con distinta tramitación. Por un lado, están las construcciones que se encuentren «en núcleos consolidados en los que hay varias viviendas juntas». En estos casos, «la presentación en Conselleria del borrador del plan especial supondrá que, automáticamente, se paralicen las multas y los expedientes de restauración de la legalidad urbanística». El alcalde de Nules asegura que será cuestión de pocos días que este documento llegue a la Generalitat valenciana.

En situación distinta están las casas dispersas. Sus propietarios tendrán la obligación de presentar una declaración ante Urbanismo en la que «demuestren que cumplen los requisitos establecidos por la ley para su regularización», al tiempo que muestran «su compromiso a emprender las medidas para minimizar el impacto ambiental» que la ley y el plan especial exijan.

ACUERDO PLENARIO / Estos documentos serán recopilados por el Ayuntamiento que «en un acuerdo plenario» ratificará la información que contengan y dará traslado a la Conselleria. Será en ese momento cuando los afectados por este segundo supuesto puedan beneficiarse también de la paralización de las multas.

García asegura que a partir de ahora inician «todos los procedimientos» para dar respuesta a una reivindicación vecinal que se arrastra desde que se aprobó el catálogo de zonas húmedas de la Comunitat Valenciana y se presentaron las primeras denuncias ante los tribunales. La nueva ley abre la puerta a regularizar numerosas construcciones y abandonar la amenaza de derribo.

Situación distinta será la de quienes cuentan con una sentencia judicial. Como se indicó en su momento, no será reversible.