La campaña electoral del 21-D llega a su fin con todas las espaldas en alto, tanto por la importancia de lo que los catalanes se juegan en las urnas como por lo incierto del resultado. Ha sido esta una campaña fuera de lo normal, con varios candidatos en prisión preventiva (de forma destacada Oriol Junqueras, candidato de ERC a la Generalitat de Cataluña) y otros fugados de la acción de la justicia en Bruselas. Una campaña en cuyos derroteros han influido mucho más de lo deseable los vaivenes del proceso judicial abierto contra el Govern depuesto de Carles Puigdemont, la Mesa del Parlament y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Esta excepcionalidad no debería sorprender a nadie, ya que las elecciones fueron convocadas por el presidente Mariano Rajoy después de disolver el Parlament dentro del paquete de medidas decididas al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Para el bloque independentista, sobre todo para la lista de Junts per Catalunya que desde Bruselas encabeza Carles Puigdemont, estas elecciones deben servir para que lo ciudadanos expresen su repulsa ante el 155. Apenas no hay otras propuestas de Gobierno del president saliente y de ERC salvo criticar la aplicación del 155 y las prisiones preventivas, mezclando la vía política con la vía judicial y sin asumir la realidad: si el Gobierno aplicó el artículo 155 es porque previamente la mayoría independentista en el Parlament violentó el marco estatutario y constitucional al convocar el referéndum del 1-O. Centrando su estrategia electoral en el 155, el independentismo ha apelado a las emociones de su electorado para evitar la imprescindible rendición de cuentas por la vía muerta (y ruinosa) que demostró ser la apuesta unilateral por la independencia en la que el Govern embarcó a Cataluña de espaldas a más de la mitad de los catalanes.

El bloque contrario a la secesión ha centrado su campaña en reclamar esta asunción de cuentas. En ocasiones, sus discursos y los de los independentistas parecían hablar de dos lugares distintos. Con diferencias de fondo, Ciudadanos, PSC y Partido Popular se han erigido en garantes de que una deriva como la de la última legislatura no será posible. En medio, Catalunya en Comú aspira a la llave de la gobernabilidad. En contra de quienes dibujan una España que vulnera derechos, el jueves habrá urnas con plenas garantías para todos. Esta vez sí.