Era 30 de septiembre. Venía de Teresa y me encontraba en El Toro camino de Bejís. Estábamos en una de las frecuentes visitas que hacemos por los diferentes pueblos del interior de la provincia para conocer de cerca su auténtica realidad. De pronto, saltó la noticia, literalmente, dice el María Moliner , «(al) bisara» procedente del árabe, «la buena noticia», que fue seguida de un «¡Albricias!» como «exclamación de júbilo por un suceso feliz».

¿Qué había pasado? El Ministerio de Hacienda publicaba una nota de Medidas extraordinarias frente a la covid-19 . El titular era impactante: «El Gobierno suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020-2021». Y su contenido no lo era menos: con carácter excepcional y en línea con la cláusula general de salvaguarda activada por la Comisión Europea, quedaban sin efectos los objetivos de estabilidad y deuda pública 2020-2021. Para el municipalismo era una noticia que bien merecía el «¡Albricias!» antes mencionado, por cuanto supone que no se aplicará la regla del gasto, ni será una obligación destinar el superávit a amortizar deuda, los objetivos de estabilidad ya no serán un límite a las inversiones financieramente sostenibles y los ayuntamientos y entidades locales podrán utilizar los remanentes de tesorería para la ingente labor que queda por delante de reconstrucción social y económica ante los efectos de la pandemia.

Y no solo eso, la nota del Gobierno también hablaba de la suspensión de los Planes Económico Financieros (PEF) que tienen en vigor algunas entidades locales, la Diputación de Castellón, por ejemplo, y que imposibilita la utilización de superávits y remanentes. Por supuesto, continuaran en vigor otras obligaciones como el periodo medio de pago a proveedores o la autorización para el endeudamiento.

No es seguro, pero es posible que ustedes, dilectos lectores, estén al tanto de los avatares que hemos tenido los municipalistas de este país a cuenta de la financiación local: uso de remanentes, destino del superávit, techo de gasto, etc, etc, y a primera vista pudiera parecer que esto tiene poco que ver con las preocupaciones del común de los mortales. Pero tiene y mucho, como bien decía, Abel Caballero , el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los ayuntamientos y ciudadanos van a disponer de 14.000 mil millones de euros para gastar en la recuperación económica y social. Serán más recursos para hacer frente a la pandemia que los ayuntamientos, la administración pública más cercana a los ciudadanos, gastarán para mejorar la vida de la gente.

La posibilidad de hacer uso de los remanentes es una reivindicación histórica de la FEMP que ahora se ve satisfecha por el Gobierno socialista. La deslegitimación y las descalificaciones que ha tenido que sufrir la Federación con su presidente a la cabeza han sido continuadas y constantes. Pero a la desproporción y desmesura se contesta con hechos y realizaciones. Nunca el Gobierno de España ha tenido tan en cuenta a los municipios y a la FEMP, su legítima representante, incluso, próximamente y por primera vez, los gobiernos locales, a través de la propia FEMP, estarán presentes en la conferencia de presidentes autonómicos con Ursula von der Leyen , la presidenta de la Comisión europea.

No son 30 alcaldes de grandes ciudades los legítimos representantes del municipalismo, sino la FEMP, que después de las últimas elecciones locales goza de una amplia mayoría socialista, 15.000 votos frente a los 10.000 de todas las otras fuerzas políticas, casi un 65% de la federación, y si esa amplia mayoría no se plasma en su junta directiva es porque el grupo socialista cedió, en aras del consenso y la pluralidad, dos puestos a otras fuerzas políticas. Contención y mesura en la oposición y vamos todos juntos a ver la manera de hacer llegar a nuestros ciudadanos los nuevos recursos que tendremos. Ese es el reto. ¡Albricias! H

*Presidente de la Diputación