Las evasivas de Mariano Rajoy, cuando no concretó si Iñigo Urkullu había actuado de mediador en el desenlace del procés, quedaron aclaradas con la declaración del lendakari ante el Tribunal Supremo. Urkullu detalló su intervención como mediador desde junio del 2017 hasta la DUI del 27 de octubre. Afirmó que el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, era partidario del diálogo y no quería la DUI, mientras que Rajoy tampoco tenía ganas de aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero que su actitud ante una negociación era «renuente» y no «proactiva». Sin embargo, atribuyó al expresident el fracaso del acuerdo al que se había llegado el 26 de septiembre, porque decidió no convocar elecciones autonómicas por la presión de la calle y también de su propio partido. Reconoció, de todas formas, como ha defendido Puigdemont, que no logró garantías «taxativas» de no aplicar el 155, aunque su «intuición» era esa.
La declaración del exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, constituyó, pese a sus formas suaves, una requisitoria contra la actuación de los Mossos, a los que atribuyó un despliegue insuficiente, inacción y falta de colaboración, pese a que hasta el final confiaba en que cumplirían la ley. Atribuyó las cargas policiales, que consideró «proporcionadas» a la resistencia de los «escudos humanos» que impedían que se requisara el material electoral. Son dos testimonios relevantes, que tendrán que ser contrastados, en el caso de Zoido sobre todo, por las declaraciones de testigos más próximos a los hechos.
