En unos pocos meses se hará realidad una de las reivindicaciones ciudadanas que con mayor justicia han arraigado en el tejido social en durante las últimas décadas. El 31 de diciembre vencerá el plazo de la concesión de la autopista de peaje AP-7, una infraestructura de comunicación estratégica que nos ha costado muchos millones de euros a Castelló y la Comunitat Valenciana. A principio del 2020 tendremos una autopista libre y gratuita. Por fin.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la licitación de cuatro contratos de servicios para la conservación y explotación de estos tramos de la autopista. A partir de ahora será el Estado el que asuma los gastos de mantenimiento de la vía, los servicios de comunicaciones, la vigilancia, la atención a accidentes, el mantenimiento de los elementos de la carretera, el mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, el alumbrado, la señalización variable y la semaforización.

Desde hace décadas, colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado con una sola voz el final de los peajes en la AP-7. Hace casi cincuenta años, Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años. El contrato de explotación debía haber concluido en 1998, aunque continua vigente después de haberse prorrogado en varias ocasiones. Afortunadamente, las cosas van a cambiar.

Los socialistas de Castelló hemos defendido la liberalización de la autopista y desde el Ayuntamiento hemos hecho todo lo posible para impulsar la gratuidad. Así se lo hice saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando visitó nuestra ciudad el año pasado. No íbamos a aceptar el mantenimiento del peaje o la prórroga de la concesión, como había defendido el PP. El presidente tomó nota y el Gobierno socialista ha sido sensible a una realidad que castigaba, especialmente, a las ciudades del arco mediterráneo.

Ahora, una autopista libre y gratuita no solamente evitará el colapso en el tráfico de vehículos en la vía a lo largo de la provincia, sino que será un aliciente para mejorar la competitividad de la economía castellonense. Por eso, nos hemos sumado siempre a la causa de la AP-7. Queremos una autopista libre y gratuita, porque ya hemos pagado mucho por usar una infraestructura tan importante para el desarrollo de nuestra tierra.

Los peajes en la AP-7 han sido un agravio para los usuarios que la utilizan de forma habitual, mientras en otras zonas del Estado existe una red viaria moderna y gratuita. La carretera Nacional 340 soporta un exceso de tráfico y registra una siniestralidad preocupante. Esa ha sido la razón que nos ha llevado a reclamar un trato justo desde el Gobierno central para compensar el déficit de infraestructuras de Castelló en las últimas décadas.

Siempre he creído que el Gobierno debe ser sensible ante los territorios con capacidad de desarrollo y facilitar las condiciones para que su economía sea cada día más dinámica. Merecemos que, de una vez por todas, se produzca un punto de inflexión y comencemos a dejar de ser el farolillo rojo de las inversiones. Ahora le toca a Castelló.

*Alcaldesa de Castelló