Por segundo año el PIB de la Comunidad de Madrid creció en el 2019 más que el catalán, colocándose así Madrid, con 239.878 millones, en el 19,3% del PIB español frente a los 236.739 millones de Cataluña, el 19%. El dato confirma un relativo estancamiento de la economía catalana. Desde el año 2000 la economía madrileña ha pasado de ser el 17,7% del PIB al 19,3%. Cataluña apenas se ha movido del 18,9% al 19%.

¿Cuáles son las razones? Indudablemente Madrid se beneficia de ser la capital de la cuarta economía de la UE, que le hace ser centro de atracción para buena parte de la inversión internacional. Y tampoco hay duda de que la mayor inversión del Estado y el déficit fiscal catalán tienen un papel relevante. Pero es evidente que el procés , la inestabilidad generada por la fallida declaración de independencia y la posterior ausencia de un gobierno fuerte y eficaz, han contribuido al sorpasso en el 2018 y 2019.

Se critica, con razón, el impulso centralista, pero la realidad es que el crecimiento del 2019 lo encabezó Navarra con el 2,8% seguida de Madrid (2,5) Comunitat Valenciana y Murcia (2,3), Andalucia (2,1%), Galicia y Euskadi (1,9) y Canarias y Cataluña (1,8). Es difícil acusar solo al centralismo cuando otras seis comunidades crecieron más que Cataluña. Es casi seguro que la inestabilidad política, más una latente pulsión intervencionista, tienen mucha relación con el menor dinamismo. Y lo menos acertado para paliar el efecto capitalidad de Madrid fue intentar combatirlo generando inestabilidad. El procés ha sido una respuesta equivocada y contraproducente.

Los confinamientos decretados en su día para combatir la expansión de la pandemia y la violencia doméstica constituyeron y constituyen «una mezcla tóxica para muchas familias», según un resumen escueto y certero de la situación de Melissa Alvarado , experta de la ONU en la materia. La obligación ineludible de las víctimas de compartir el mismo techo con sus victimarios ha multiplicado los casos de malos tratos sin que, por lo demás, llegaran casi nunca a la opinión pública las situaciones imposibles vividas entre cuatro paredes. De forma parecida, aunque agravada por la duración del encierro, a los episodios de convivencia degradada que se registran durante las vacaciones en el seno de hogares sometidos a la lógica machista, el ámbito privado fue demasiadas veces un infierno.

Si en el 2019 fueron 243 millones las niñas y mujeres en el mundo que padecieron agresiones sexuales y actos de violencia, desde el momento en que se generalizó el confinamiento para quebrar las redes de contagio se multiplicó la vulnerabilidad de las víctimas, que sumaron a la presión psicológica propia de un enclaustramiento forzoso y a la incertidumbre derivada muchas veces de la caída de ingresos la presencia constante de sus agresores. Puede decirse que, para no pocas mujeres, preservarse del contagio del covid-19 supuso contraer otras enfermedades morales y físicas.

A la vista de los datos que maneja la ONU acerca de esa vulnerabilidad acrecentada, es fácil deducir que la erosión del pacto social y de convivencia causado por la enfermedad reclama un tratamiento particular de protección de las mujeres en los ámbitos asistencial, económico y laboral.