Hace pocos días, el juez decidió archivar el caso de los sobres y se confirma lo que muchos sabíamos, que los compañeros Ali Brancal y Enric Nomdedéu no son unos corruptos. Les tengo que confesar que me alegró mucho la noticia y así se lo transmití a los dos y aunque el mal que se ha hecho, las portadas y titulares que se les han dedicado ahora ya no pueden ser restaurados, al fin se ha hecho justicia. Es una muestra más, y muy importante, de que el código que tenemos actualmente en el Ayuntamiento de Castelló no tiene ningún sentido. A no ser que se quiera utilizar para hacer daño...

Ahora hace casi un año que vivía uno de los plenarios más intensos que nunca he vivido, con la intervención más dura que he tenido que hacer. Y fue así porque la posición del grupo municipal socialista fue muy debatida y repensada. Desencadenó una situación injusta pero la coherencia y la importancia de la palabra dada por los políticos pesó más que otros factores.

AQUEL DÍA dije que la finalidad de cualquier código de buen gobierno tiene el objetivo principal de salvaguardar la imagen del Ayuntamiento como institución, por encima de personas y carreras profesionales. La demanda, torticera y partidista, que el PP presentó contra Ali y Enric ya podía suponer una vulneración del mismo código porque buscaba utilizarlo como arma arrojadiza en lugar de como herramienta ética pero también es cierto que aquella situación no se gestionó nada bien. Éramos y seguimos siendo conscientes que la aplicación de ese código tal como está planteado puede ser utilizado de forma partidista para crear una manifiesta ingobernabilidad y por eso los firmantes del Acuerdo de Fadrell entendimos el junio pasado que lo mejor era adherirnos al código de la Federación Española de Municipios y Provincias y dejar sin efecto el que posiblemente es el código más estricto de todo el estado. Desde el partido socialista lo creíamos en 2015, en 2018 y ahora en 2019 lo continuamos creyendo, que es un código anacrónico, desfasado y demasiado riguroso. Y en esto estamos, sin prisas por adherirnos pero conscientes que en cualquier momento el Partido Popular (o cualquiera) puede volver a hacer un uso partidista para intentar generar desgobierno, y por eso mismo no vayamos a caer en la trampa que algunos intentan ponernos en el desarrollo de los compromisos del Acuerdo de Fadrell.

Esta propuesta no va de prevenir posibles demandas repentinas. Por un lado, las amenazas que se han hecho públicas últimamente en este sentido difícilmente serían de aplicación del código por tratarse de temas tramitación administrativa y poco tienen que ver con corrupción política (que es de lo que habla el código) y por otro lado, porque, si me permiten la expresión, ya hace demasiado tiempo que esta es una profesión de riesgo y casi cualquier acción es susceptible de molestar a alguien y que acabe en demanda, aunque sea el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica como hemos visto en municipios del alrededor. Esto va de poner un poco de cordura y de seny. Aunque a algunos se les acabe el supuesto chollo de conseguir en los juzgados lo que las urnas no les han dado.

*Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló