La celebración del Dia Universal del Niño, en conmemoración de la entrada en vigor de la Declaración de Naciones Unidas (hace 60 años) y de la Convención de los Derechos de los Niños (hace 30), es más una reivindicación que una jornada festiva. En todo el mundo, se producen continuos atentados contra la infancia y contra sus derechos, desde las mínimas condiciones exigibles para una vida digna a la educación, pasando por violaciones de todo tipo, ya sea laborales, sociales o de índole sexual. España no es un caso aparte, en especial en lo que se refiere a abusos sexuales, tal y como ha certificado un informe de la organización Save The Children. La mitad de las víctimas de esa lacra social son menores y en el 2018 se presentaron 766 denuncias, aunque es cierto que solo estamos ante la punta del iceberg, por cuanto este tipo de maltratos están rodeados de un profundo secreto, repleto de tabús y de silencios. Una gran parte de los abusos se dan en el entorno familiar, como también denuncian algunas fundaciones, que en el primer semestre del año han atendido a un buen porcentaje de personas afectadas.

Para hacer frente a esta lacra --que se acentúa en casos extremos, pero que resulta un problema continuo y latente-- se proponen medidas de prevención (es decir, más educación entre los escolares, más instrumentos para empoderar a los menores) y de actuación, con el intento de cambiar una dinámica con poco coordinación institucional que aboca a las víctimas a una especie de viacrucis en su periplo por instancias policiales, hospitales, servicios de protección y juzgados. El programa piloto que pretenden implantar algunas autonomías a partir del modelo nórdico de atención integral tendría que facilitar la gestión de este drama.

Asimismo, la anunciada ley orgánica de protección de la infancia y la adolescencia, actualmente en estado de hibernación por la repetición electoral y a la espera de que se constituya un nuevo Ejecutivo, ha de representar un paso adelante en el compromiso de las administraciones para salvaguardar a la infancia. Es un proyecto innovador que pondría a España en la vanguardia de la lucha contra la violencia, no solo la sexual sino también la referida a otras circunstancias ante las cuales los menores están indefensos, como el acoso escolar, la incitación al suicidio o los trastornos alimentarios. Aumentar el margen de prescripción del delito (a contar desde que el menor tenga 30 años), prevenir con campañas como la que ya ha puesto en marcha el Gobierno, endurecer las penas y establecer protocolos claros de actuación para con las víctimas, ayudarán a mitigar el número de abusos y a visualizar debidamente una grave problemática.

En este sentido, la labor de los medios de comunicación en la denuncia de malos tratos y vejaciones a la infancia, resulta de vital importancia. El trabajo conjunto entre las instituciones, las entidades, la prensa y el entorno escolar y familiar debe conseguir erradicar la vulneración de los derechos de los más indefensos de la sociedad.