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En el último minuto, la Comisión Europea (CE) decidió ayer dejar sin sanción económica a España por sus reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit, y especialmente el del año pasado cuando cerró el ejercicio con un 5,1% frente al 4,2% exigido por Bruselas. Evitar la multa es una buena noticia para el Gobierno en funciones español, que podría haberse enfrentado a un pago de cerca de 2.000 millones de euros. La otra decisión positiva para la economía española es que la CE da un respiro de dos años para poner sus cuentas al día.
Pero Bruselas no da nada de forma gratuita y, como si se tratara de una ducha escocesa, a cambio del perdón de la multa exige a España afrontar una durísima senda fiscal con objetivos de déficit del 4,6% del PIB para este año, el 3,1% en el 2017 y el 2,2% en el 2018. Un desafío muy exigente, sobre todo en lo que hace referencia al año que viene. Cumplir esos compromisos supondría unos 10.000 millones, y nadie puede garantizar que no se caerá en la tentación de nuevos y dolorosos recortes sociales. La resolución de Bruselas ha tenido también un indudable trasfondo político. La incertidumbre sobre el futuro Gobierno español y los efectos del brexit y la crisis financiera y bancaria en Francia e Italia impedían esta vez adoptar medidas punitivas.
