Cuando Álvaro Marchesi , uno de los padres de la LOGSE (1990) defendió las bondades de la Ley educativa socialista, basándose en que “obedece a una opción política de izquierdas frente al modelo educativo de la derecha”, situó el debate educativo en el terreno de la ‘pelea de corral’ y de la exclusión del contrario por motivos puramente ideológicos.
Teníamos ante nosotros la oportunidad de conseguir un Pacto Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza y dotarla de un marco jurídico estable y duradero. Ni la educación ni el país podían permitirse tanta inestabilidad e incertidumbre.
El presidente Sánchez ha sido capaz de utilizar la educación como moneda de cambio para la aprobación de unos presupuestos; vendiéndola a nacionalistas e independentistas, para que le garanticen la estabilidad en lo que queda de legislatura. Y lo ha hecho orillando y excluyendo del debate a la comunidad educativa, en un hecho tan insólito, como ausente de precedentes.
En una estrategia divisiva, de confrontación y a la que ya nos tienen acostumbrados, en lugar de buscar el consenso y los puntos de encuentro, se ha buscado una vez más vencer con los votos del Congreso -por un solo voto salió la Ley adelante- antes que convencer mediante argumentos compartidos.
La izquierda ha opuesto equidad a excelencia, como si obligatoriamente fueran términos antagónicos; sin el más mínimo ánimo de explorar una fórmula, que garantizara al mismo tiempo una enseñanza de calidad, integradora e inclusiva.
Una vez más han enfrentado a la educación pública con la concertada. El Tribunal Constitucional en diversas sentencias dejó claro que “el derecho a la educación incorpora un contenido primario de libertad”. La condición necesaria para satisfacer esa libertad, es poder elegir y para ello es necesaria una pluralidad y diversidad efectiva. “No hay libertad en la demanda, si no hay libertad en la oferta” dice el Tribunal Constitucional.
Sorprendente es la negativa de la Ley a garantizar que el idioma español sea lengua vehicular de enseñanza en toda España; o la posibilidad de pasar de curso teniendo suspendidas la mayor parte de las asignaturas. Pero no menos sorprendente es la Transitoria Cuarta de la Ley, que abre la puerta a la desaparición de los Centros de Educación Especial, para sorpresa y enfado de profesionales y familias de usuarios de éstas enseñanzas especiales. El mundo de la discapacidad es suficientemente plural y diverso para entender que si la ‘inclusividad’ ha de ser un derecho, no todos las persones con dificultades pueden ejercerlo en iguales condiciones.
En definitiva la Ley Celaá recupera el viejo habito de la ‘pelea de corral’, tan característico de la izquierda en cuanto le tocan su ‘chiringuito’.
Para la izquierda la Educación es una herramienta de transformación de la sociedad a imagen y semejanza de su ideología. Para quienes somos partidarios de las sociedades abiertas, en cambio, la Educación es el principal generador de oportunidades, un compensador de desigualdades y el principal ascensor social partiendo de una igualdad de salida, no de resultados, que dependerán del esfuerzo y el trabajo de cada persona. Y para ello cada familia ha de poder escoger la opción que más le convenga y ser ayudada en todo lo que necesite.
Y por eso a la izquierda le da miedo la libertad -ni tan siquiera puedes elegir centro público, te lo elige un Código Postal-; y no quieren saber nada de la libertad de elección en educación. Porque si no controlan el ideario de un centro educativo, no pueden moldear al alumnado en base a sus presupuestos ideológicos, que buscan la igualdad de resultados, no la igualdad de partida.
Y les digo una cosa parafraseando a Benjamín Franklin: “quien sea capaz de sacrificar la libertad, por la mitificación del igualitarismo, no es merecedor ni de la igualdad, ni de la libertad”. H
*Portaveu del PP a la Diputació
Cuando Álvaro Marchesi , uno de los padres de la LOGSE (1990) defendió las bondades de la Ley educativa socialista, basándose en que «obedece a una opción política de izquierdas frente al modelo educativo de la derecha», situó el debate educativo en el terreno de la pelea de corral y de la exclusión del contrario por motivos puramente ideológicos.
Teníamos ante nosotros la oportunidad de conseguir un Pacto Educativo para mejorar la calidad de la enseñanza y dotarla de un marco jurídico estable y duradero. Ni la educación ni el país podían permitirse tanta inestabilidad e incertidumbre.
El presidente Sánchez ha sido capaz de utilizar la Educación como moneda de cambio para la aprobación de unos presupuestos; vendiéndola a nacionalistas e independentistas, para que le garanticen la estabilidad en lo que queda de legislatura. Y lo ha hecho orillando y excluyendo del debate a la comunidad educativa, en un hecho tan insólito, como ausente de precedentes.
En una estrategia divisiva, de confrontación y a la que ya nos tienen acostumbrados, en lugar de buscar el consenso y los puntos de encuentro, se ha buscado una vez más vencer con los votos del Congreso de los Diputados --por un solo voto salió la Ley adelante-- antes que convencer mediante argumentos compartidos.
La izquierda ha opuesto equidad a excelencia, como si obligatoriamente fueran términos antagónicos; sin el más mínimo ánimo de explorar una fórmula, que garantizara al mismo tiempo una enseñanza de calidad, integradora e inclusiva.
Una vez más han enfrentado a la educación pública con la concertada. El Tribunal Constitucional en diversas sentencias dejó claro que «el derecho a la educación incorpora un contenido primario de libertad». La condición necesaria para satisfacer esa libertad, es poder elegir y para ello es necesaria una pluralidad y diversidad efectiva. «No hay libertad en la demanda, si no hay libertad en la oferta», dice el Constitucional.
Sorprendente es la negativa de la Ley a garantizar que el idioma español sea lengua vehicular de enseñanza en toda España; o la posibilidad de pasar de curso teniendo suspendidas la mayor parte de las asignaturas. Pero no menos sorprendente es la Transitoria Cuarta de la Ley, que abre la puerta a la desaparición de los Centros de Educación Especial, para sorpresa y enfado de profesionales y familias de usuarios de estas enseñanzas especiales. El mundo de la discapacidad es suficientemente plural y diverso para entender que si la inclusividad ha de ser un derecho, no todos las personas con dificultades pueden ejercerlo en iguales condiciones.
En definitiva, la nueva ley Celaá recupera, como no, el viejo habito de la pelea de corral , tan característico de la izquierda en cuanto le tocan su chiringuito .
Para la izquierda, la Educación es una herramienta de transformación de la sociedad a imagen y semejanza de su ideología. Para quienes somos partidarios de las sociedades abiertas, en cambio, la Educación es el principal generador de oportunidades, un compensador de desigualdades y el principal ascensor social partiendo de una igualdad de salida, no de resultados, que dependerán del esfuerzo y el trabajo de cada persona. Y para ello cada familia ha de poder escoger la opción que más le convenga y ser ayudada en todo lo que necesite.
Y por eso a la izquierda le da miedo la libertad --ni tan siquiera puedes elegir centro público, te lo elige un Código Postal--; y no quieren saber nada de la libertad de elección en educación. Porque si no controlan el ideario de un centro, no pueden moldear al alumnado en base a sus presupuestos ideológicos, que buscan la igualdad de resultados, no la igualdad de partida.
Y les digo una cosa parafraseando a Benjamín Franklin : «Quien sea capaz de sacrificar la libertad, por la mitificación del igualitarismo, no es merecedor ni de la igualdad, ni de la libertad». H
*Portavoz del PP en la Diputación
