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El problema de la enseñanza en España puede analizarse desde distintos puntos de vista, que abrazan tanto la calidad del sistema como su equidad, e incluyen la lucha contra medidas laborales injustas y contra la precariedad y la lenta y progresiva debilitación educativa, uno de los pilares del Estado del bienestar en los que más ha repercutido el impacto de la crisis. Por supuesto, también debe leerse desde la perspectiva de las dotaciones económicas y del presupuesto que las administraciones públicas han destinado a la educación en los últimos tiempos.
El balance que se extrae de la Estadística del Gasto Público entre el 2010 y el 2014 del Ministerio es ciertamente desalentador, por cuanto la reducción del 18,4% en este periodo nos ilustra sobre el poco interés político ante un asunto social de primer orden que, aunque es objeto de muchas promesas, no recibe ni la inversión ni el trato necesarios para que se pueda considerar una prioridad. No lo es, tristemente, porque baja el gasto mientras suben las necesidades. Aunque es ostensible en todas las etapas, el caso más flagrante es el de la formación profesional, que vuelve a ser la cenicienta del sistema pese a los intentos teóricos de reestructuración, aquejada de la tradicional desidia presupuestaria.
