La primera reflexión que provoca el laudo arbitral del conflicto de los vigilantes del aeropuerto de El Prat de Barcelona es que el desenlace de este agotador episodio tiene en los usuarios a los grandes beneficiados. Porque ellos eran los perjudicados de un pulso que, si bien enfrentaba directamente a los trabajadores y a la empresa Eulen, sus efectos los sufrían terceros. Hasta el punto de que se ha dejado a los vigilantes -pese a sus legítimas reclamaciones salariales- en una posición de debilidad ante la opinión pública. Los usuarios de aerolíneas han padecido el conflicto a lo largo de un mes. Lamentablemente, también por la demora en la intervención de la Generalitat y del Gobierno.
Es de esperar que el laudo de Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), suponga el cierre del conflicto. En ese sentido, cabe suponer que los trabajadores lo ratificarán el lunes en una asamblea. De no ser así, resultaría incomprensible, porque el laudo recoge un aumento salarial de 200 euros mensuales para los vigilantes y la retirada de sanciones y expedientes, lo que había motivado la convocatoria de otra huelga para el 8 de septiembre. Por otra parte, también la organización -a través de su presidente, Emilio García- había mostrado su intención de acatar el fallo antes de conocerlo. El final del conflicto también debe llevar a Aena a recapacitar sobre las consecuencias de priorizar el ahorro antes que un buen servicio a la hora de conceder contratos a empresas privadas.
