El pasado 4 de marzo, una investigación periodística coordinada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en que participaron 21 medios internacionales, destapó una enorme red de blanqueo de dinero a la que se bautizó como Lavandería Troika, por el nombre del banco de inversiones ruso, Troika Dialog, que creó esa estructura. La trama se extendía por numerosos países. Y España no se libró de ello. Aquí se sustanció con la llegada de cerca de 400 millones de euros que aterrizaron en bancos españoles a través principalmente del Deutsche Bank y del Danske Bank, dos entidades financieras enfangadas en el blanqueo masivo de fondos procedentes de Rusia. La investigación periodística ha permitido destapar cómo el entorno de Sergey Chemezov y Vladimir Artyakov, dos íntimos colaboradores del presidente ruso, Vladimir Putin, se sirvió de esa red de blanqueo para hacerse con lujosas viviendas en la Cosa Brava. Ambos son altos cargos de Rostec, la gran empresa estatal rusa dedicada a la fabricación de armamento, y las operaciones sospechosas fueron llevadas a cabo por empresas pantalla y familiares que acabaron siendo los titulares de de esas exclusivas residencias, a un precio muy inferior al de mercado.
Sean los fondos reciclados por la Lavandería dinero distraído para no tener que pagar impuestos, provengan del pago de sobornos a políticos, de comisiones ilegales o, lo que sería peor aún, tengan su origen en el fruto de las actividades del crimen organizado --tráfico de drogas, armas, personas o prostitución--, esos capitales contaminan todo lo que tocan.
