Hermanos de las administraciones públicas: como sabéis en la actualidad es casi imposible que la administración realice por sus propios medios cualquier actuación que exija las actuales circunstancias pandémicas a no ser que se declare expresamente la excepcionalidad y urgencia. Esto es debido a que en la época de Montoro , el ministro de Hacienda del PP, se aprobó una ley para la contratación pública que impedía la agilidad en contratar por parte de ayuntamientos, autonomías y el propio Estado.
Uno se pregunta qué sentido tenía esto. Muy fácil. Montoro, que era un tipo muy listo y muy de derechas, pensó que si los ayuntamientos no pueden contratar tampoco pueden gastar. Como los ingresos por impuestos siguen siendo constantes y hay una Regla del Gasto por ley (también de Montoro) que dice que lo que no se gaste se debe destinar a reducir la deuda, pues aquí está el negocio redondo. Los remanentes (beneficios de las administraciones) van todos a pagar deuda de las administraciones locales con los bancos.
Por eso ahora la mayoría de ayuntamientos están saneados y la barrera que supone la Ley de Contratos de las Administraciones públicas ha sido la varita mágica que lo ha permitido.
Pero lo cierto es que ahora se van a tener que gestionar miles de millones de euros del fondo europeo de reconstrucción y, como no cambiemos la ley de contratos, este dinero ya no irá a la deuda de los bancos, sino que se tendrá que devolver a Bruselas. Y ahí sí que no tendríamos perdón de Dios ni de los votantes.
Urge pues, no me cabe ninguna duda, un cambio importante en la ley de contratos del Estado que agilice los procedimientos. H
*Urbanista
