Ni la pandemia ha parado los ánimos de la Conselleria de Educación de coaccionar y manipular a las familias sobre en qué idioma tienen que estudiar sus hijos. La nueva imposición nacionalista viene en forma de declaración responsable en la que advierten a los alumnos de que al acogerse a la exención del valenciano se arriesgan a perder oportunidades laborales y a no poder adaptarse a la realidad de la sociedad valenciana. Y yo me pregunto, ¿no será a su realidad imaginaria de los Països Catalans? Porque en la Comunitat Valenciana sigue habiendo total libertad para hablar castellano y valenciano por igual.
Tal es el despropósito que algunas familias han denunciado barbaridades como que «si eres exento, no podrás trabajar como funcionario en la empresa pública de Valencia, Cataluña y Baleares, ni podrás competir con tus compañeros en la empresa privada». Esto refleja, entre otras cosas, lo que pasa en la Administración donde el requisito está por encima de la capacitación profesional.
Desde Ciudadanos seguiremos defendiendo que no se vulnere ningún derecho y que no se ataque a ninguna de nuestras lenguas oficiales, ni el castellano ni el valenciano, porque ambas conviven en paz en la Comunitat Valenciana, aunque a los miembros de Compromís les disguste. Y desde aquí le recomendaría a Marzà que en lugar de preocuparse tanto por copiar la hoja de ruta nacionalista, lo que debería es desarrollar políticas educativas acordes a la internacionalización, dotando de más recursos para el aprendizaje de idiomas extranjeros, porque esto sí lo demanda la empresa privada y garantiza una mejor inserción laboral a los valencianos.
*Portavoz provincial de Cs y diputada autonómica por Castellón
