Hace pocos días hemos tenido conocimiento de que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a devolver el IVA de diciembre del 2017 a las comunidades autónomas, 2.500 millones de euros en el conjunto y 281 millones de euros en la Comunitat Valenciana, incumpliendo con la ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas y que establece la participación del 50% en el régimen común del IVA.
La mayoría de autonomías han acudido a los tribunales para defender los intereses de los ciudadanos y para reclamar lo que les corresponde, también autonomías socialistas como Asturias, Aragón con Lambán o Castilla La Mancha con García Page, porque esto no es una cuestión de ideología política, es una cuestión de justicia.
Es dinero que niegan a los valencianos y que necesitamos para pagar servicios públicos, acabar con los barracones, la dependencia, la sanidad, las obras de la DANA o los efectos de Gloria…
Ayer mismo conocíamos que hay centros educativos en la Comunitat Valenciana que no han cobrado en todo el año 2019 ni un solo euro.
Son centros públicos que no han recibido dinero de la Generalitat valenciana para hacer frente a sus gastos de funcionamiento desde el mes de diciembre de 2018. Algunos ni siquiera tienen dinero para pagar la luz o el gas, que no pueden hacer una planificación porque no saben cuándo les van a hacer los ingresos, que deberían ser, como no, mensuales.
Los impagos del Consell son absolutamente inaceptables, los defensores de lo público lo ahogan, se escudan en la falta de financiación, pero Ximo Puig no reclama a Sánchez el dinero que nos debe a todos los valencianos.
Han convertido el Consell en una empresa de colocación de amigos y familiares, con 116 asesores, y no hay dinero para pagar la luz de los colegios. Pues bien, como el señor Puig prefiere ser socialista antes que presidente de la Generalitat, el PPCV, entre otras medidas, va a requerir al consejo de ministros para que cumpla con sus obligaciones legales de transferir el 50% del IVA de diciembre de 2017 a la Comunitat Valenciana y en el plazo de tres meses se proceda al pago o dar una solución, si no se contesta en este plazo o se deniega, el PPCV interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la sala tercera del Tribunal Supremo. El PP es un partido de gobierno, si Ximo Puig está de Mannequin Challenge, nosotros no.
*Diputada provincial del PP
