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Opinión

 

Media España avanza a la fase 1

 

Media España entra hoy en la fase 1 de la desescalada por la pandemia del covid-19, lo que permitirá reuniones de 10 personas, apertura de comercios de hasta 400 metros cuadrados, desplazamientos dentro de los territorios de referencia y otras medidas de desconfinamiento. La decisión, adoptada por el Ministerio de Sanidad tras el análisis del comité de expertos que controla la desescalada, ha provocado polémica, sobre todo en las comunidades que esperaban pasar de fase y no han sido autorizadas. Las protestas se produjeron nada más conocerse el mapa de la desescalada y se repitieron el domingo en la novena reunión de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos.

Las protestas, sin embargo, han cambiado de protagonistas. Frente a las reticencias anteriores de Cataluña y Euskadi, por ejemplo, ahora estas dos comunidades, gobernadas por partidos nacionalistas, han atenuado sus críticas, que han subido de decibelios en la Comunitat Valenciana, con presidente socialista, o en Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, mientras que el nivel de ruido se mantiene alto en la Comunidad de Madrid. Pese a que haya dimitido la directora general de Salud Pública madrileña, Yolanda Fuentes, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, hubiera pedido esperar una semana, la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) se empeñó en solicitar el pase a la fase 1. En la reunión de presidentes insistió en lo mismo, ofreciendo solo argumentos económicos, y llegó a reprochar a Sánchez una campaña del PSOE supuestamente dirigida contra ella.

Pasar de una fase a otra siempre será discutible, pero lo que no es de recibo es recurrir a argumentos políticos o económicos, obviando los sanitarios, que son los que de verdad deben importar. Así lo expresó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. De los otros dos presidentes discrepantes, destaca la contundencia de Ximo Puig --solo 10 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana pasan y en la provincia de Castellón solo lo hace el de Vinaròs, quedándose fuera Castelló y La Plana--, que, sin dudar de la honradez de los técnicos, denunció que el ministerio solo ha respondido con palabras a un informe de 232 páginas en favor del pase a la fase 1. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, también acudió a valoraciones políticas al hablar de «daño reputacional» a la Costa del Sol por quedarse en la fase 0, aunque denunció supuestos agravios con otras zonas.

La reunión de presidentes aportó otras dos novedades dignas de elogio. Por un parte, Sánchez se comprometió a cambiar las leyes sanitarias en cooperación con las comunidades autónomas, una vez superada la pandemia, para adaptarlas a futuras situaciones parecidas, aunque insistió en que ahora no hay otro instrumento que el estado de alarma, que pretende prorrogar otras dos veces.

Sánchez también informó del reparto entre las autonomías de los 16.000 millones a fondo perdido por criterios sanitarios (10.000 millones), sociales (1.000 millones) y económicos (5.000 millones). Solo Andalucía se quejó porque no se considera la población como criterio.

En lo que sí hubo unanimidad fue en aceptar la prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio. Con una apostilla destacable por su carácter justo y novedoso: las empresas que hagan un ERTE por fuerza mayor no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal salvo que devuelvan la parte correspondiente a la exoneración.