Querido/a lector/a, es evidente que en un Estado democrático y de derecho podemos hablar y escribir todo lo que queramos del informe y del cese del coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil. Incluso, en la medida en que la democracia exige el respeto a las formas para no caer en la arbitrariedad, hasta es necesario. Pero, también es cierto que como los ciudadanos tienen pruebas de que no vivimos en un Estado totalitario, puede que ese informe señale algún error a corregir, pero ni la cuestión ni el contenido es esencial ni preocupante ni urgente. Es más, si digo lo que se deduce de muchas de las noticias, todo indica que el cese entra en la competencia que tiene el ministro Marlaska y que, el propio contenido del informe, no sólo no viene de una persona o departamento de referencia científica en estos asuntos, sino que parece que contiene errores y noticias manipuladas y tergiversadas. Así y todo, la opinión está donde debe, en manos de una juez.
A pesar de lo dicho, el informe y el lío adherido sirve para denunciar el problema real y principal que sufre el país. Me refiero a que en unos momentos donde aún muere gente del covid-19 y, encima, tenemos que abordar la reconstrucción económica y social, en vez de ver a los representantes de la soberanía nacional unidos y comprometidos en la dignificacion de la política y la defensa del bien común, seguimos observando y sufriendo como se utiliza cualquier cuestión menor para debilitar al gobierno, dividir, marcar diferencias, sacar el interés de ampliar el espacio partidista y electoral, romper el diálogo, etc. Esa es la cuestión a tener en cuenta y que hoy clama al cielo, la de no perder el objetivo nacional y asumir la obligación o responsabilidad con el ciudadano.
*Analista político
