El pasado 20 de mayo, el Gobierno firmaba con Bildu, con los herederos políticos de ETA, un acuerdo por el que se comprometían a la derogación íntegra de la reforma laboral del Partido Popular, y a ejecutarla antes de la finalización de las medidas extraordinarias por el covid-19. Un acuerdo que se firmó ninguneando a sindicatos y patronal. La patronal calificó el acuerdo de gran irresponsabilidad, advirtiendo de que puede provocar que muchos ERTE se conviertan en ERE.
Cuando salió a la luz este acuerdo hubo un enorme estupor social. Para quien les escribe, este acuerdo con Bildu es una absoluta indignidad: por firmarlo justo cuando peor lo está pasando España, y por firmarlo con quienes son herederos políticos de la sangre derramada en más de 3.000 atentados de ETA, con 1.000 muertos y más de 7.000 víctimas.
El acuerdo supone derogar la normativa que permitió la creación de tres millones de empleos. Recordar que cuando el PP llegó al Gobierno había una sangría de paro y destrucción de empleo, pasamos de que se destruyeran 1.400 empleos al día en 2011 a crear 1.700 empleos diarios en 2017. Y derogar la reforma laboral también supone derogar los ERTE, según se aplican actualmente. Unos ERTE que el Gobierno no paga, pues aún hay miles de afectados sin cobrar, sin ingresos desde marzo. Y con este panorama de miles de ERTE sin pagar, nos quieren hacer creer que van a pagar la renta mínima vital. Esto no se sustenta por ningún lado. El Gobierno, en su línea de oportunismo y falta de rigor y seriedad, no ha medido las consecuencias negativas que puede tener el acuerdo de derogar íntegramente la reforma laboral.
*Senadora del grupo parlamentario popular
