Uno de los numerosos efectos negativos de los recortes sociales derivados de la gran recesión ha recaído sobre las políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. La aspiración a regular el horario de la jornada de trabajo está contemplada en muchos convenios colectivos, pero la exigencia de su aplicación nunca se encuentra entre los puntos principales de las negociaciones laborales. El fenómeno tiene también un indisimulado perfil discriminatorio hacia las mujeres, que son las que más acuden a pedir la reducción de jornada o excedencias por cuidado de los hijos. Un informe encargado por el Poder Judicial revela que el 80% de los conflictos judiciales sobre medidas de conciliación afectan a las mujeres, quienes en muchos casos optan por aparcar, o abandonar definitivamente, su carrera laboral para cuidar de la prole. La falta de ayudas públicas en ámbitos como las guarderías hace que les sea más rentable dedicarse ellas mismas al cuidado de sus hijos que pagar tasas que superan a su salario. De confirmarse esta tendencia, la mujer sería quien pagaría el coste económico de trabajos que el Estado debería asumir total o parcialmente. Por otro lado, su paulatina expulsión de la cadena laboral supondría un derroche de talento.
