Hoy me estreno en esta columna del Periódico Mediterráneo, todo un honor y un reto a la vez, ya que voy a dar continuidad a la labor de opinión que emprendió César Jiménez Doménech, diputado autonómico de Podemos en les Corts en la IX legislatura, hoy secretario autonómico de Vivienda y Función Social en el Consell. Quiero que mis primeras líneas sean de agradecimiento y de reconocimiento a César que, junto a muchas otras personas valiosas, ha hecho un gran trabajo para la implantación de nuestro proyecto político en Castelló, así que César, amigo, todos los éxitos del mundo en tu nuevo puesto, desde el cual estoy segura continuarás trabajando para mejorar la vida de la gente.
Como diputada del Grupo Parlamentario de Unides Podem en les Corts Valencianes, me enfrento en esta X legislatura a dar lo mejor como servidora pública y continuar el trabajo que emprendimos en el 2015.
Esa fue la legislatura de la regeneración, en la logramos echar fuera a la derecha que se había enquistado en la Generalitat valenciana durante 20 años. Ahora nuestro objetivo es gestionar políticas públicas que redunden en el bienestar de las valencianas y los valencianos, también los de adopción, a la vez que hacer iniciativas parlamentarias que pongan en el centro las personas siempre.
UNA DE las principales preocupaciones de las sociedades es la inmigración y actualmente es de conocimiento público lo que le está sucediendo a María, una mujer joven extranjera sin permiso de residencia, que viene huyendo de la violencia interna en su país, quien se presentó en la Comisaría de Policía de Xirivellla, en la provincia de Valencia, en el pasado mes de mayo a denunciar una agresión física por parte de un hombre, propietario de la vivienda donde ella estaba de forma pasajera, y se le abrió un expediente de expulsión.
REVISTE mucha gravedad esta acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya que las personas extranjeras, migrantes y desplazadas no acudirán a la policía para solicitar la defensa de sus intereses legítimos y de su propia integridad física, mental y moral por temor a ser expulsados del territorio español.
Al respecto se manifestó el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, reconociendo la existencia de una serie de procedimientos establecidos que deben someterse a revisión.
Desde Unides Podem creemos vital hacer las modificaciones reglamentarias y normativas necesarias para establecer un marco legal que garantice que no se repita el caso de María. Mientras tanto, solicitamos al Ministerio del Interior, con carácter inmediato, la expedición de una instrucción para que, en ninguno de los casos, se incoen expedientes de expulsión a quienes acudan a interponer una denuncia por ser víctimas de cualquier tipo de delito.
No se debe seguir anteponiendo una causa administrativa --como es el hecho de no tener un permiso de residencia-- a la protección de las víctimas, a su seguridad y su dignidad. Porque existen miles de Marías, construyamos un mundo mejor.
*Diputada autonómica de Unides Podem en les Corts Valencianes
