La Sala de Apelaciones del Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión, malversación o desobediencia de los 25 líderes del procés encausados, tanto de los 15 que recurrieron como de los 10 que finalmente no lo hicieron. El auto de la sala relata con bastante aproximación el núcleo de los hechos que se sucedieron en Cataluña, que califica de «alzamiento» porque «las autoridades legítimas de una comunidad autónoma» decidieron, «desde el ejercicio del poder, derogar de hecho la Constitución, el Estatuto (…) y el resto del ordenamiento jurídico (…) sustituyendo todas esas normas por otras emanadas de sus propios órganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades».

Sin embargo, el auto no despeja para nada las dudas existentes, entre destacados juristas y en tribunales extranjeros, sobre la aplicación al caso del delito de rebelión, que necesita para existir el uso de la violencia. Los magistrados califican como «suficientemente razonable» considerar los hechos como indicios de rebelión y citan episodios violentos ocurridos antes y en la jornada del 1-O, pero ellos mismos plantean que deberán acreditarse con «auténticas pruebas» durante el juicio oral, a la vez que sugieren que podrían rebajarse al delito de sedición. Esta rebaja o la calificación de conspiración para la rebelión que fue sugerida por la sala correspondiente del Supremo en el inicio del proceso, con penas mucho menores, serían soluciones válidas para destensar la situación y encauzar una solución al conflicto. Si el propio Gobierno insiste en reformar el delito de rebelión para adecuarlo a las nuevas circunstancias, es señal de que la tipificación deja mucho que desear en este caso. Pero el mantenimiento del delito de rebelión implicará por el momento la suspensión como diputados de Puigdemont, Comín, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez.

La firmeza del procesamiento y el cierre de la instrucción dan, sin embargo, la oportunidad de que se cumpla lo que Pedro Sánchez ha prometido: el acercamiento a cárceles catalanas de los presos independentistas. Es la ocasión para hacerlo e iniciar con este gesto el diálogo entre los presidentes del Gobierno y del Govern, aunque se presenta difícil y con limitadas esperanzas de éxito.