Con el globo sonda lanzado por el partido de Pablo Casado --propuesta electoral del PP enmarcada en un proyecto de ley de apoyo a la maternidad, que prevé el retraso en la expulsión a las mujeres inmigrantes que den su hijo en adopción--, se entra en un terreno moralmente espinoso, por cuanto lo que aparenta ser una protección de la intimidad en caso de voluntad de donación por parte de la madre se convierte en una especie de promesa (en la que se combina el binomio maternidad-pobreza) que difiere la posible expulsión a cambio del bebé, algo que hiere la sensibilidad social en grado extremo. Esta es una idea que ya tiene vigencia en la Comunidad de Madrid con el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos. Bajo la capa de las «razones humanitarias» (que un organismo de la administración no denuncie a la mujer que explícitamente quiere donar) y para «evitar que los niños aparezcan en contenedores» se pervierte la ecuación y la medida se convierte en una invitación a donar, aprovechando un estado altamente vulnerable, a cambio de una cierta seguridad legal que, por otra parte, ya está prevista, sin necesidad de tapujos o legislaciones alternativas, en la propia Constitución Española y en la ley de extranjería.
El anuncio del PP ha recibido críticas unánimes y contundentes de múltiples entidades y organismos. Subyace en todo ello una deriva ultraconservadora de Casado que parece destinada, por ahora, a plantear hipótesis --como la del retorno a la ley del aborto de 1985- tendentes a sondear el panorama electoral y a pescar en las turbulentas aguas de la extrema derecha.
