Los ayuntamientos son la primera y más cercana administración de los ciudadanos y allí es donde se reciben las primeras críticas y donde se piden ayudas e inversiones. La política de cercanía hace que los alcaldes estén siempre en el disparadero, para bien o para mal. Mediterráneo ofrece hoy una radiografía económica de cómo están las arcas de los municipios de la provincia tras la recaudación de impuestos y tasas. Y, aunque todo es mejorable, la verdad es que la crisis parece que se va superando poco a poco y se nota en los ingresos, puesto que el pasado año se alcanzó la cifra más alta de la última década. Son 427 millones de euros en conceptos como el IBI, el IAE, impuesto de circulación o plusvalías. Esto supone que cada castellonense contribuye en casi 740 euros de media al año en pagar tributos.
Todos los impuestos que cobran los ayuntamientos están regulados por la ley de Haciendas Locales, aunque siempre se deja un cierto margen a los alcaldes para fijar los tipos impositivos o coeficientes. Es decir, que todavía cuentan con mecanismos de decisión a la hora de bajarlos o subirlos. Lo que está claro es que cara a unas elecciones municipales se puede producir más lo primero que lo segundo. Otro dato a tener en cuenta es el dinero acumulado en depósitos de bancos y cajas de ahorro, que alcanza máximos históricos que en Castellón ascienden a 315 millones de euros.
Otra buena noticia llegó cuando el Gobierno aprobó que los ayuntamientos que cerraron el 2016 con superávit pudieran invertir estos fondos este año y el que viene, siempre que respetasen la regla de gasto y los destinasen a inversiones financieramente sostenibles. Un ejemplo de ello son los 5,1 millones que el Ayuntamiento de Castellón aprobó destinar a remodelar espacios y edificios públicos y renovar sistemas antiinundaciones.
En definitiva, este buen estado de salud de las cuentas municipales debe servir para, además de pagar deuda acumulada, invertir en la vida de las personas, para que su contribución económica se vea revertida.
