Tras cuatro meses de juicio, el proceso en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas encara su recta final, en la que las acusaciones y las defensas presentarán sus conclusiones. Han sido cuatro meses intensos, con momentos impactantes como las declaraciones de los acusados, los líderes políticos y los dirigentes de todos los cuerpos policiales implicados en aquellas semanas de otoño del 2017 que empezaron con la aprobación en el Parlamento catalán el 6 y el 7 de septiembre de las leyes del referéndum y de desconexión y acabaron el 27 de octubre con la declaración de independencia la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución y la consiguiente suspensión de la autonomía de Cataluña. Después vendría la huida de España de algunos de los miembros del Govern, liderados por Carles Puigdemont, y el inicio del proceso contra los que ahora se sientan en el banquillo de los acusados y que se enfrentan a peticiones de penas muy duras.
El juicio ha demostrado de nuevo la complejidad que implica tratar penalmente un asunto que es eminentemente político. Algunas de las defensas han optado por construir una estrategia en esencia política, lo que ha generado situaciones de verdadera tensión con el presidente del tribunal, Manuel Marchena. Pero el peso de la controversia ha recaído sobre las acusaciones. Invisible la acusación particular de Vox, la fiscalía y la Abogacía del Estado que se han esforzado por demostrar los cargos de rebelión, sedición y malversación, los más controvertidos ya desde la instrucción del juez Pablo Llarena. Sus esfuerzos han sido, en el mejor de los casos, erráticos.
