No falta tanto para el 1-O, pero el camino hasta la fecha en la que el independentismo quiere que se celebre el referéndum unilateral promete ser largo y con muchas curvas, no solo las que generará el pulso con las instituciones del Estado sino las internas del Gobierno catalán en el proceso organizativo. El president Carles Puigdemont reorganizará el Ejecutivo con el objetivo de concentrar funciones en la figura de Oriol Junqueras, sobre el que recae la responsabilidad de organizar el referéndum. Pero este proceso de reorganización interna pone en evidencia primero las diferencias entre los dos socios del Govern, el PDECat y ERC, y segundo las previsibles dificultades que genera la convocatoria de un referéndum de espaldas a la ley. La desconfianza entre los socios del Govern es desde hace tiempo un secreto a voces en las filas del PDECat y de ERC. La exigencia de Junqueras de colectivizar la asunción de responsabilidades choca con la determinación de algunos consellers de PDECat de poner su patrimonio personal como el límite de hasta dónde están dispuestos a llegar en la organización del referéndum unilateral. Afloran, pues, las dificultades, los riesgos y el baño de realidad que implica embarcarse en la aventura de poner en marcha un referéndum de espaldas a la ley.
Lo mismo sucede con las cuestiones organizativas, desde las urnas hasta el censo pasando por el papel de los voluntarios y de los ciudadanos que sean llamados a las mesas electorales en un proceso que es cualquier cosa menos normal. Resulta, pues, palmaria la distancia entre el discurso y las ensoñaciones del independentismo y la realidad, entre un referéndum con todas garantías democráticas y una consulta unilateral.
