El esfuerzo del actual Consell que preside Ximo Puig por mantener su plan de inmersión lingüística no tiene límites. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de paralizar su decreto de plurilingüismo no ha sido suficiente para que recapacite y mantiene su pulso. Más allá de cercenar la libertad de elección de los padres y arrinconar a los centros concertados, ahora pretenden que desde las edades más tempranas el conocimiento de la principal lengua de uso en el mundo, el inglés, quede vinculada a la elección de la línea en valenciano.

Un gobernante debe ofrecer soluciones a los problemas, ser creativo, imaginativo y consecuente. El TSJCV fue claro. El Consell de Puig y Oltra ha hecho, sin embargo, oídos sordos y está aplicando su decretazo en las aulas de tres años. Hay casos como el centro

Sanchis Yago de Castellón al que el pasado mes de mayo le fueron aprobadas la impartición de ocho horas semanales de inglés en el programa experimental con este idioma como lengua vehicular. Pues bien, el actual decretazo del Consell ha dejado esa apuesta en dos horas semanales de inglés.

Es un retroceso educativo, un fraude a la elección de los padres --que llevan a sus hijos a ese centro con unas condiciones previas que luego son alteradas-- y un sectarismo propio de otros regímenes para nada homologables en democracia donde la seguridad jurídica es básica.

La falta de diligencia en la gestión es criticable, que se lo digan a los padres de los alumnos del Regina Violant de Almassora que siguen en barracones (como tantos otros), pero es mucho peor aplicar criterios ideológicos y doctrinarios por encima de lo que marcan los tribunales de justicia.

El intento de cambiar la sociedad desde la base de la pirámide es el gran objetivo del tripartito y a ello están dedicando su único esfuerzo. Caminar hacia el pensamiento único, impulsado desde las escuelas; crear una Comunitat más endogámica, menos abierta y duplicar el modelo catalán educativo de inmersión lingüística son las líneas maestras de los actuales gobernantes.

Los padres tienen derecho a rebelarse contra lo que es, a todas luces, una imposición injustificada. Los padres tendrán todo el apoyo del Partido Popular porque la libertad para decidir el futuro de nuestros hijos y garantizar el cumplimiento de la ley está en nuestra matriz ideológica. No nos vamos a resignar.

*Presidenta del Partido Popular de la Comunitat el Valenciana