Si durante la fase más crítica de la epidemia, los esfuerzos se concentraron en doblegar la temible curva de contagios, ahora, coincidiendo con el final del estado de alarma, es el momento de atender otra preocupante curva, la que marca la caída de la actividad económica después de casi tres meses de parón. El Gobierno de Pedro Sánchez encaró el primer golpe en los momentos más críticos con un plan de choque que, con medidas como el decreto de los ERTE y la ampliación de los préstamos ICO, pretendía paliar el desplome. Sin embargo, aquellas eran acciones de contención y ahora la economía reclama otro tipo de medidas de impulso que permitan, además de compensar las pérdidas, generar actividad y empleo. Es la principal reclamación de los empresarios españoles, y así se lo han recordado al presidente del Gobierno en las jornadas de la patronal CEOE sobre la reconstrucción que se están desarrollando desde el lunes. El Ejecutivo, por su parte, ha demostrado su compromiso mediante la puesta en marcha de planes de reactivación en el automóvil y el turismo.
En este cometido cuentan con una gran baza, que es el apoyo de las instituciones europeas. A diferencia de la crisis del 2008, la reacción de estas ha sido rápida, lo que beneficiará a los países más vulnerables de la Unión, como España e Italia. La propuesta de la Comisión Europea --avalada por Angela Merkel y Emmanuel Macron-- de poner a disposición de los estados 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 serían subvenciones (es decir, no reembolsables, con lo que eso supone para países muy endeudados) ofrecería un escenario completamente distinto al de hace una década. Este viernes, los líderes europeos intentarán acercar posturas sobre el fondo de reconstrucción, al que Suecia, Austria, Holanda y Dinamarca aún muestran reticencias. La solidaridad europea será decisiva para articular la reconstrucción española.
En las jornadas de la CEOE, los principales empresarios del país ya han trasladado al Gobierno las recetas que, en su opinión, necesita la economía: fomentar la colaboración público-privada, incentivar el consumo interno, garantizar la seguridad jurídica, no aumentar los impuestos o mejorar la flexibilidad laboral, entre otras. Propuestas que defienden los legítimos intereses empresariales, que en algunas cuestiones hallarán sintonía con el Gobierno (como en la transición energética o el impulso a la innovación), si bien en otras, como en materia fiscal o de empleo, las posturas estarán más alejadas. La voluntad de los empresarios al diálogo con la Administración y los sindicatos para sentar las bases de la recuperación es uno de los mejores puntos de partida.
Una de las acciones prioritarias, a las puertas de la temporada estival, es relanzar el turismo, sector que representa el 12% del PIB. En torno a 1,2 millones de trabajadores turísticos han sido afectados por un ERTE, situación que puede cronificarse si hoteles, restaurantes y otras empresas del sector cierran. El Gobierno presentó ayer un plan de 4.250 millones, una cantidad nada desdeñable que pretende, por un lado, ayudar a los empresarios a afrontar la caída del negocio (con una línea de 2.500 millones de avales del ICO), y por otro, promocionar España como destino seguro. El turismo interior es incapaz de absorber toda la oferta disponible, si se quiere remontar el sector es imprescindible atraer turistas internacionales y evitar su éxodo a países competidores.
