El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, conocido en el lenguaje coloquial como okupación, es algo que en los últimos tiempos ha aumentado de forma exponencial. A modo de ejemplo, la ciudad de Castellón, donde la ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado en un 28% en el primer semestre de 2020.
Desde el PP tenemos tolerancia cero con la ocupación ilegal, y defendemos el derecho a la propiedad privada en todas sus vertientes. Es indiferente que la okupación sea de primera vivienda que de segunda residencia, el propietario ha de tener plena disposición del inmueble para poder disfrutarlo cuando considere. La propiedad privada es, además, un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y ante un gobierno con un vicepresidente que niega que en España exista el problema de la okupación, desde el Partido Popular hemos reaccionado.
Así las cosas, Pablo Casado ha anunciado un plan antiokupación, con reformas legislativas, y cuyas líneas generales son: prisión de uno a tres años para los okupas, facilitar a las fuerzas de seguridad poder desalojar a los okupas en un plazo máximo de 12 horas, prohibición de empadronamiento para los okupas, las comunidades de vecinos podrán actuar contra los okupas, y los procedimientos contra los okupas se podrán iniciar tanto por particulares como por empresas.
Por su parte, abogados y procuradores exigen cambios legislativos para que los trámites de un procedimiento judicial ante una okupación sean más rápidos, y eso también lo propone el PP en su plan antiokupación, con reformas en leyes procedimentales. Esperemos contar con el apoyo de otras formaciones políticas, ante un problema real que sufren muchos españoles. H
*Senadora del grupo parlamentario popular
