Este año se cumple el X Aniversario de la Declaración del Día del Trabajo Decente en el seno de la OIT y nos encontramos ante el reto del cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
El 7 de octubre se ha celebrado la Jornada Mundial de Trabajo Decente y una vez más, sindicatos de todo el mundo se han unido en una sola voz para pedir justicia social y empleos decentes para todos. Dado que los gobiernos aún no están dispuestos o son incapaces de contener el dominio de las finanzas globales y las multinacionales sobre las vidas de las personas, la única manera de conseguir volver a encauzar la economía para que sirva a los intereses de la mayoría y no de unos pocos, es reforzar el poder de trabajadoras y trabajadores.
Hemos acudido de nuevo a la llamada de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que formamos parte, en el objetivo de seguir reclamando trabajo decente porque «la mitad de las familias trabajadoras han sufrido el desempleo o una reducción de la jornada laboral en los últimos dos años, mientras que 1.200 millones de personas subsisten aún en la más extrema pobreza. Los derechos fundamentales a contar con una representación sindical y a la negociación colectiva están viéndose amenazados en muchos países y siendo objeto de ataques directos en otros. Los empleadores intentan incluso socavar el derecho de huelga, poniendo en entredicho décadas de reconocimiento legal de este derecho fundamental en la OIT».
Ha sido una jornada también para denunciar que son muchos los gobiernos que no protegen a trabajadores y trabajadoras y que no están consiguiendo construir un futuro sostenible para las generaciones venideras. De ahí la reivindicación mundial de «Justicia social y justicia climática».
Lamentablemente, y cuando nos adentramos a la realidad concreta del Estado español, hemos de analizar unos datos que distan mucho de los requisitos para catalogar un trabajo como decente y aún más de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 129.000.000 de altas y 127.000.000 de bajas en la Seguridad Social desde 1 de marzo del 2012 hasta 29 de septiembre del 2017 en todo el Estado, 2.500.000 de contratos temporales en el 2016 en la Comunitat Valenciana y millones de horas extras semanales no declaradas con un incremento exponencial de la parcialidad involuntaria desde su reforma en el 2013.
Estos datos esconden la ya manida valoración de precariedad laboral, y de la nueva clase social de trabajadores pobres, pero, además, datos que incardinan una falta de democracia en el seno de las empresas, omnipotente poder empresarial carente de equilibrio, y un autoritarismo alejado de una solución colaborada entre partes, que dificultan la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y un enriquecimiento de la sociedad.
La responsabilidad social empresarial otorgaría mecanismos para lograrlo, sin embargo, se traduce en un mero eslogan de marketing. Los códigos de buenas conductas, que no sean obligacionales, se convierten en papel mojado.
Los derechos de resistencia medioambiental, la igualdad de género, la transparencia en la cadena de valor y la trazabilidad del bien, la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de las condiciones laborales pactadas en la negociación colectiva de ámbito sectorial resultan imprescindibles para un empleo decente, para una conservación de nuestro entorno, para una sociedad cohesionada, equitativa y equilibrada en su avance.
Actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria una ley autonómica sobre responsabilidad social, por lo que se antoja una oportunidad excepcional para iniciar las bases de la consecución de estos objetivos. Tanto Consell, patronal como sindicatos hemos de ser valientes y, desde CCOO-PV, apostamos firmemente por ello. El futuro de nuestro territorio y de las personas que lo habiten depende de nuestra responsabilidad.
*Secretario Acció Sindical CCOO-PV
