La Audiencia Provincial de Cádiz ha absuelto al que fuera director del colegio de los Salesianos de Cádiz, el sacerdote Francisco Javier López, de los once delitos continuados de abusos sexuales a estudiantes menores de edad de los que estaba acusado. Y aunque se le considera autor material de vejaciones, también es absuelto de estas al haber quedado despenalizadas. El sacerdote se enfrentaba a una petición del fiscal de 38 años de cárcel.
La sentencia, que cuenta con el voto particular de una de los tres ponentes, considera que en algunos de los hechos relatados por los denunciantes sí podrían identificarse como “vejaciones”, pero entiende que “no se aprecia un ánimo libidinoso de abuso sexual, ni acciones objetivamente con una entidad de abuso sexual, en las que, frente a las imputaciones concretas que se presentan, hay un margen de duda de que inequívocamente haya una connotación sexual”.
VEJACIONES DESPENALIZADAS
Además de las dudas sobre las agresiones sexuales, el fallo señala que el sacerdote queda absuelto asimismo de las faltas de vejaciones leves de las que sí es autor material y directo, alguna con carácter continuado, al haber quedado despenalizada esta falta tras la modificación del Código Penal en marzo de 2015. También quedan en nada las supuestas faltas de lesiones o malos tratos de obra que se le imputaban, aunque deberá indemnizar con 500 euros por daños morales a doce menores.
El exdirector de Salesianos fue detenido en julio del 2013 por supuestos delitos contra la integridad moral e indemnidad sexual de varios alumnos de entre 12 y 14 años, cuyos padres denunciaron los hechos. Según explicaron los alumnos, todos varones, los citaba habitualmente en su despacho y allí, como si fuera un juego, les invitaba a pegarse entre ellos o él mismo les golpeaba, realizando además tocamientos sexuales. Todo ello a cambio de subir las notas, jugar en el ordenador del religioso o saltarse algunas clases.
ENFRENTAMIENTOS
El cura estuvo en prisión preventiva un mes mientras los menores afectados se entrevistaban con el juez instructor, y fue apartado de su puesto por la dirección del centro. No obstante, su marcha causó gran revuelo en la comunidad educativa gaditana, y fueron muchos los padres que se manifestaron en apoyo al sacerdote, enfrentándose con quienes respaldaban a las familias denunciantes. La crispación fue tal que hubo hasta amenazas de muerte en las redes sociales.
Durante el juicio, el acusado defendió su actuación señalando que fue “un niño entre niños” porque su sistema educativo implicaba “cercanía” para “ayudar” a alumnos con tendencia a la “conflictividad” y con “necesidades especiales” en materia educativa.
