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DRAMA SOCIAL

Una anciana de 82 años será desahuciada por un impago de 96 euros en la Barceloneta

La inquilina, que se negó durante dos años a pagar un aumento de cuatro euros mensuales, evita el desalojo hasta octubre. Varios vecinos increpan al propietario del piso y le acusan de buscar deliberadamente la expulsión de los residentes de renta baja

 

Concepción Aparicio, de 82 años, en el piso de la Barceloneta. - RICARD FADRIQUE

TONI SUST
25/07/2016

Concepción Aparicio, de 82 años, vive de alquiler en un cuarto de piso de la Barceloneta, de 30 metros cuadrados, en el número 24 de la calle de Vila Joiosa. Reside allí desde 1972, en la cuarta planta, una quinta real. Pagaba 80 euros al mes: hace meses que ya no tiene contrato. Este lunes la iban a desahuciar por impago, un impago de 96 euros en dos años. Era el tercer intento. Una negociación ardua entre la propiedad y una representación municipal ha acabado enacuerdo para posponer el desalojo hasta el 17 de octubre, a lo más tardar. Se espera que para entonces, Aparicio tenga ya a su disposición un piso del Patronato Municipal de la Vivienda, en la cercana calle del Doctor Aiguader. Trámites pendientes retrasan su traslado.

Su caso sirve de ejemplo de una situación que se ha generalizado en los últimos años en el barrio marinero de Barcelona, epicentro del terremoto turístico que ha vivido la ciudad, vaciada de vecinos de siempre, que pagan rentas bajas, en aras de nuevos y pudientes clientes. La finca de Vila Joiosa, 24 era de un de privado. El actual dueño del piso, según ha contado él mismo mientras esperaba junto a un cerrajero poder entrar en la vivienda, compró diez pisos de la finca, que, ha dicho, ha ido vendiendo. Hizo obras, según su versión. Según los vecinos, se limitó a pintar un poco la escalera.

Como fruto de esas obras, a Aparicio le subió el alquiler cuatro euros al mes. Ella dice que no le correspondía asumir ese coste porque no hubo tales obras. En el primer año, la inquilina acumuló 48 euros de deuda. En el segundo, alcanzó los 96 euros. Y por esa deuda, el juez dictó su desahucio y dio por resuelto el contrato. Es decir, ya no es inquilina legalmente hablando.

LOS TURISTAS Y LA COMITIVA JUDICIAL

En marzo, el dueño intentó desalojarla. En junio, otra vez, sin éxito. “Siempre dicen que está a punto de irse a otro piso”, se quejaba hoy el propietario, entre las miradas reprobatorias de los vecinos. A 100 metros, en el portal del número 24, unas 40 personas se habían concentrado para impedir el desalojo. Para acabar de resumir lo que pasa en la Barceloneta, los turistas iban y venían de la playa, toalla en mano, pasando entre el dueño, la comitiva judicial, los representantes del consistorio y los periodistas.

Un vecino se ha acercado al propietario para afearle que sea uno de tantos inversores que llegan a la Barceloneta, compran pisos con inquilinos de renta antigua y hacen lo posible para que estos se vayan para poner la vivienda en alquiler multiplicando el precio. Varios de los presentes denunciaban que así se ha acabado con comunidades que llevaban décadas allí.

“Solo con verte la cara ya sé que no eres del barrio. Mi familia vive aquí desde 1800”, le ha espetado el vecino al dueño. “Quieres el piso para hacer un piso turístico. Esto que haces tú; hace muchos años que se viene haciendo”. El propietario ha negado que tenga pisos turísticos, mientras los vecinos iban susurrando que atesora propiedades en todo el barrio.

“HAGO UN ACTO DE FE”

El hombre ha negado que la mujer esté mal de salud, y ha afirmado que siempre ha sido muy conflictiva. Tras mucho meditarlo, y quizá estimulado por la presencia de los que protestaban y de los periodistas, ha aceptado aplazar el desahucio hasta el 17 de octubre. Pero se iba preguntado qué pasará si entonces vuelve a suceder lo mismo. “Hago un acto de fe”, iba diciendo, mientras el consejero técnico del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, insistía lo indecible para lograr el aplazamiento. La condición era dejar por escrito que el límite infranqueable es el 17 de octubre, lunes. Una vez lo habían pactado, la comitiva judicial no quería incluir ese dato en las diligencias de suspensión: “O suspendemos o no, pero si pactáis, en el juzgado”. Al final, sí ha constado el acuerdo y los congregados han celebrado la noticia con aplausos.

El dueño, el cerrajero y sus representantes legales se han ido y Concepción Aparicio ha salido a saludar al balcón. Según ha explicado su casero, su intención, una vez la mujer se haya ido, es alquilar la vivienda por unos 700 u 800 euros.

Arriba, la mujer se ha dejado fotografiar. Subir es comprobar que las obras en la escalera no fueron las de la Sagrada Familia. Es mentira, ha insistido Aparicio, que las hicieran. Contenta, pero resignada, consciente de que tardará más o menos, pero tendrá que irse, Aparicio posaba en su comedor, que en la práctica es todo el piso.