La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia cumple 10 años con 1.212.048 personas con derecho reconocido oficialmente a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia y 856.452 que, de facto, lo están percibiendo. De este modo, hay 355.596 dependientes para quienes no se ha materializado el derecho, una lista de espera que se mantiene así en torno a un tercio del total.
La estadística del Imserso muestra que el grupo de dependientes reconocidos más numeroso en España es el de grado II (personas con una dependencia severa), que suman 455.131 ciudadanos, el 29,99%. Junto a ellos, constan 363.910 personas con gran dependencia (el 23,98%), de las que 72.446 están en la situación más acuciante al no poder valerse por sí mismos. Otras 393.007 han sido diagnosticadas con derecho a recibir una ayuda por su situación de dependencia moderada, el 25,9% del total.
Estas personas (grado I) han sido las últimas en incorporarse al Sistema de Dependencia. Según el calendario de la ley, debieron hacerlo en el año 2012, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy pospuso este momento como medida de austeridad y no fue hasta julio del 2015 cuando comenzaron a ver reconocido su derecho. Es precisamente esta incorporación tardía a la que el Imserso atribuye el grueso de la lista de espera, pues los moderados son el 65% del total de dependientes a la espera.
Para la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, la razón estriba en las defunciones: afirma que en estos cinco últimos años han fallecido más de 125.000 personas que aún no habían recibido la ayuda teniendo ese derecho reconocido.
